Cuando el año pasado, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó la primera versión de la Nica Act, a Ortega le pareció conveniente iniciar conversaciones con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pues creyó que podían representar un buen argumento para detener la aprobación de dicha ley.
Fue así cuando, el 20 de octubre de 2016, el Gobierno de Nicaragua inició conversaciones con la Secretaría General de la OEA no obstante que, pocas semanas antes, en la Asamblea General de la OEA, el canciller de Nicaragua había pedido la renuncia de Almagro por su supuesto “injerencismo” en el caso de Venezuela. Ortega tenía, pues, sus razones para echar pie atrás e invitar a Almagro para que visitara Nicaragua en diciembre pasado. A su vez, Almagro, posiblemente, tenía las suyas.
Al momento de iniciarse las conversaciones, Almagro no había logrado respaldo alguno en el Consejo Permanente de la OEA, pese al bien documentado informe que le había presentado sobre la situación de Venezuela. En aquel país, según dicho informe, existe una alteración del orden constitucional capaz de afectar gravemente su orden democrático. Por lo tanto, según el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, esta situación debería dar lugar a las gestiones diplomáticas que podrían conducir a la eventual suspensión de Venezuela de la OEA. Pero, hasta ese momento, la propuesta de Almagro estaba estancada.
Entonces, es posible conjeturar que la inesperada invitación de Ortega haya hecho pensar a Almagro que la invitación podía brindarle la oportunidad de alcanzar el éxito que urgentemente necesitaba frente al fracaso de sus gestiones relacionadas con Venezuela. Ahora la situación ha cambiado: Almagro cuenta con el respaldo de 22 países. El caso de Venezuela ya forma parte de la agenda de la OEA, pese a la obstinada oposición de Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
El Memorándum de Entendimiento, que se firmó el 28 de febrero pasado, desde un principio fue señalado como muy limitado en sus alcances y de muy poca efectividad para lograr “el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Nicaragua”, sistemáticamente demolidas por Ortega desde que este regresó al poder en el 2007. Almagro cedió mucho a Ortega a cambio de muy poco. Ortega logró la “joya de la corona”: la tácita aceptación por Almagro de los resultados de la farsa electoral de noviembre de 2016, pese que Almagro conoce perfectamente las condiciones en que tuvo lugar dicha farsa. Además, Ortega pensó que el Memorándum le permitiría un respiro de tres años, sin comprometerse a hacer cambios de fondo en el poder electoral, más allá de aspectos técnicos relacionados con el padrón electoral y la cedulación.
El fiasco de Ortega y Almagro es ahora que los limitados alcances del Memorándum no fueron para nada tomados en cuenta por los legisladores de los Estados Unidos, que nuevamente han presentado la iniciativa conocida como Nica Act, en una versión más dura que la de septiembre de 2016.
Esta vez agrega nuevas condicionalidades para el otorgamiento de préstamos a Nicaragua de parte de los organismos financieros multilaterales donde la influencia de los Estados Unidos es decisiva.
La nueva versión, además de incluir lo referente al respeto de los derechos humanos, enfatiza sobre el tema de la corrupción, algo que genera muchos temores en los círculos gobernantes. Más, no solo hace caso omiso de las conversaciones entre Ortega y la Secretaría General de la OEA, sino que insiste en que se atiendan las recomendaciones del informe de la Misión de la OEA que observó las elecciones generales de 2011. Este informe cuestiona seriamente la credibilidad del actual Consejo Supremo Electoral.
Si Almagro quiere que sus gestiones en Nicaragua tengan éxito debería insistir ante Ortega en el sentido de que se amplíe el Memorándum para incluir en él todo aquello que realmente sea coincidente con los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana. A este respecto, es válida la afirmación de Almagro: “Las dictaduras se terminan cuando hay elecciones justas y transparentes”. Precisamente, eso es lo que necesitamos en Nicaragua para recuperar la institucionalidad democrática. Así se podría evitar que se apruebe la Nica Act, que tanto perjudicaría al pueblo nicaragüense.
El autor es jurista y catedrático.