La Policía de Ocotal retuvo el pasado viernes los documentos de circulación de un vehículo propiedad del Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigido por Haydee Castillo, prohibiendole circular fuera del municipio, pese a que su conductor no cometió ninguna infracción. Igual pasó con centenares de personas que en distintos puntos del país fueron retenidos e impedidos de avanzar en vehículos o a pie como sucedió inicialmente en el empalme de Boaco, con Ana Margarita Vijil, Violeta Granera y Azahalea Solís cuando pretendían viajar a Juigalpa.
Esta situación ejecutada por la Policía es violatoria a los derechos humanos así como ilegal de acuerdo a las leyes del país al adoptar esa institución disposiciones fuera de su jurisdicción, explica el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.
“Orientaciones de arriba”
Castillo explicó que un trabajador del Instituto se trasladaba a Totogalpa donde habita y a la salida de Ocotal la Policía le retuvo los documentos, cuando ella se presentó al sitio la Policía rehusó brindarle explicaciones sobre la disposición. Extraoficialmente algunos policías le expresaron a Castillo que no pidiera explicaciones pues “solo tenemos orientaciones de arriba de detener el vehículo”.
“Lo que tuvimos en ese momento era un estado de sitio, donde solo en estado de sitio existe la posibilidad de que se rompan los derechos fundamentales y yo solo lo vi en los tiempos de Somoza o en tiempos de la guerra”, sostuvo Castillo, quien fue una de las cuatro mujeres que intervino en un foro celebrado en la Universidad Centroamericana (UCA) sobre la defensa de los territorios, celebrado el pasado 19 de abril.
Al día siguiente, sábado, Castillo conoció que en varios retenes policiales en la carretera Panamericana Norte los policías mostraron a los ayudantes de los buses de transporte colectivo un listado entre ellos su nombre, con la intención de bajarles de los vehículos.
“Es inaudito, es denigrante, es decepcionante enterarte que estamos en una guerra de baja intensidad, en el sentido que nos están deteniendo, nos están limitando nuestros derechos de una manera solapada...que nos hace falta que ya nos metan a las celdas, por el simple hecho de expresar tu desacuerdo con una ley que limita la soberanía del país y amparados en el artículo 51 de la Constitución que dice que los ciudadanos tenemos derecho a ser críticas a las instituciones del Estado”, sostuvo Castillo.
Para que a una persona le restrinjan la movilización debe haber de por medio una orden judicial y “eso tiene que ser en la medida de la proporcionalidad humana que puede ser por una condena firme que tenés una prohibición de desplazarte más allá de tu territorio, pero estás sentenciado por un asunto de cumplimiento de pena que te tenés que estar reportando y tenés restricciones de movilización como lo que llama orden de arraigo (… ) pero así por así, eso no lo dispone un agente policial eso tiene que estar debidamente fundamentado, debidamente motivado”, explicó el director jurídico del Cenidh.
Y la retención a las personas en diferentes puntos, según el Código Procesal Penal (CPP) es cuando se ha cometido un delito. La Policía tiene la facultad de retener a las personas en la escena del crimen “de cara a los actos de investigación iniciales”, lo que no se aplica en estas circunstancias, pues la Policía tiene por misión constitucional prevenir delitos y capturar a los presuntos delincuentes y, eso no tiene nada que ver con el derecho a la manifestación, afirmó el defensor de derechos humanos.
Carrión apuntó que lo que hubo desde el pasado viernes en el país fue una cadena de sucesos que demuestra que el Gobierno con el operativo policial implementado impidió no solo el derechos de manifestación sino de circulación.
Ese operativo policial, dijo Carrión, “llevaba represión y cinismo”, porque les soliciten o no el permiso ellos hubiesen impedido el desplazamiento de las personas que estaban dispuestas a manifestarse, como ocurrió el pasado sábado en Juigalpa en el Día de la Tierra.
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