La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamó a los Estados partes a adoptar medidas urgentes y con perspectiva de género para prevenir, investigar, y sancionar todos los asesinatos contra las mujeres, y aunque Nicaragua no es mencionado con casos en particular para la dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, Juanita Jiménez el llamado es válido para el país donde se sigue invisibilizando la violencia de género.
Esto porque, dijo Jiménez, Nicaragua tiene que ver con los compromisos internacionales y particularmente con la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia de la cual el país es suscriptor.
“Y por lo cual hemos venido demandando no solo políticas públicas sino atención adecuada a este tipo de crímenes que se cometen en el ámbito de la violencia”, afirmó Jiménez.
La violencia sigue…
En un comunicado emitido en Washington, la CIDH expresa su profunda preocupación por información que continúa recibiendo sobre asesinatos alarmantes y actos de violencia física, psicológica, y sexual contra las mujeres que siguen ocurriendo a través del hemisferio.
Jiménez destacó que esa preocupación es similar en Nicaragua pues el gobierno busca invisibilizar la gravedad de la violencia y producto de esto es que no registran adecuadamente la violencia en el país, no solo de los femicidios.
13 femicidios
Hasta el 11 de mayo la Policía registraba 17 mujeres fallecidas en hechos violentos en el país. De este total nueve por femicidios, tres asesinatos y cinco homicidios.
El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir contabilizaba durante el primer trimestre del año, 13 femicidios, de esos cuatro de las víctimas habían puesto denuncias pero fueron desestimadas por la Policía Nacional.
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En el comunicado la Comisionada Margarette May Macaulay, en su capacidad como Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, expresa que en las Américas, los Estados han empleado una diversidad de esfuerzos legislativos e institucionales significativos para prevenir y responder a los asesinatos de mujeres.
Sin embargo, “éstos son insuficientes y deben abordar asimismo los patrones socioculturales discriminatorios y sociales conducentes a la consolidación de un marco social violento y de riesgo para las mujeres. Estos patrones son evidentes en la familia y en contextos como la educación, la salud, el empleo, y las prisiones, entre otros escenarios de la vida pública de los países en la región”.