CSJ cierra sus puertas a periodista de LA PRENSA

La periodista Martha Vásquez de LA PRENSA, el periodista Alejandro Flores de Hoy y la fotógrafa Lissa Villagra, no pudieron ingresar a los juzgados de Managua a dar cobertura a la audiencia contra Helio José Jarquín, alias Furia y Toro.

19/05/2017
censura, LA PRENSA

Las puertas del Complejo Judicial de Managua siguen cerradas para LA PRENSA. LA PRENSA/J.SILVA

Por tercer día consecutivo, la Corte Suprema de Justicia cerró sus puertas a las instalaciones del Complejo Judicial Central de Managua a un equipo periodístico del Diario LA PRENSA y aplicó la misma censura a otro equipo del periódico Hoy.

La periodista Martha Vásquez de LA PRENSA, el periodista Alejandro Flores de Hoy y la fotógrafa Lissa Villagra, no pudieron ingresar a los juzgados de Managua a dar cobertura a la audiencia contra Helio José Jarquín, alias Furia y Toro.

Nuevamente, no hubo explicaciones oficiales y el empleado judicial Roberto Larios no responde las llamadas de los periodistas censurados, luego que el 18 de mayo apareciera en un medio de televisión justificando el bloqueo al acceso de la información pública contra los medios bajo el alegato de que la periodista Vásquez “manipula” las noticias contra ese Poder del Estado.

Tampoco el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, respondió los llamados de los periodistas censurados por el empleado judicial Larios, pese a que en el mismo canal de televisión apareció diciendo que en las instalaciones del Poder Judicial no habían restricciones al ejercicio periodístico.

La rabia de los empleados judiciales que ahora censuran a los periodistas de LA PRENSA y Hoy, se debe a que la periodista Vásquez publicó una investigación que reveló que la CSJ renovó la flota vehicular comprando automóviles de lujo de hasta 60 mil dólares y que, además, aumentó la planilla laboral con la apertura de nuevas salas de juzgados y otros servicios judiciales.

En un intento por desacreditar las investigaciones, los voceros de ese Poder del Estado admitieron las compras y el aumento de personal pero acusaron de “manipulación” los trabajos periodísticos, al tiempo que el vocero Larios achacaba falsamente a LA PRENSA una campaña “misógina” contra la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos.

No es la primera vez que el empleado judicial Larios Meléndez agrede y censura a un equipo de LA PRENSA, ya que en 2013 justificó la expulsión de los juzgados de un equipo de este medio, incluyendo el uso de la fuerza de los guardas de seguridad contra el fotoreportero Manuel Esquivel a quien lanzaron al piso y dañaron sus equipos durante una cobertura.

Las represalias de los funcionarios públicos del Poder Judicial contra los periodistas de LA PRENSA y Hoy se debe, además de develar la compra de las camionetas de lujo para los magistrados judiciales, a que este Diario también reveló que el magistrado orteguista Francisco Rosales violó la ley orgánica del Poder Judicial al asistir en marzo a a un congreso de la Internacional Socialista en Cartagena de Indias, Colombia, representando al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

LA PRENSA también develó que el mismo presidente de Nicaragua nombrado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, influye directamente en la toma de decisiones del Poder Judicial en los conflictos legales que involucran a partidarios de su régimen, como en el caso que enfrenta a la empresa Camarones del Pacífico (Campa) con la familia Navarro Soza, por la posesión de 1,101 manzanas de la finca Santa Rita de Hato Nuevo, ubicada en Chinandega, lo cual violenta la independencia de poderes establecida por el artículo 129 de la Constitución Política de Nicaragua.

Se suma a la rabia del Poder Judicial las publicaciones de LA PRENSA sobre la arbitraria decisión de la Corte de violentar los derechos civiles y de propiedad de los campesinos asentados en las tierras cercanas a la ruta del fallido proyecto del Canal Interoceánico, a quienes se les ha impedido decidir sobre sus tierras, inscribir escrituras de compra-venta, acceder a préstamos hipotecarios, darlas en prenda agraria, donarlas, heredarlas o cualquier otra acción que implique el cambio de dominio o dueño de dichas tierras, situación que ha sido considerada por los afectados como confiscación de hecho de parte del Estado de Nicaragua con el aval del Poder Judicial.

 

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