El aplazamiento de la agenda que tenía prevista la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta el miércoles de esta semana es un reflejo de que el gobierno de Daniel Ortega ya no considera de utilidad las conversaciones con este organismo, porque hasta ahora no ha podido evitar el avance de la iniciativa de Ley Nica Act, según el análisis del director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney.
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“El Gobierno está apostando a que la gestión (de los acuerdos) con la OEA, aún en la baja intensidad en la que estaba dispuesta a aceptarla, no le resuelve el problema de la Nica Act, y que por lo tanto, con mucho realismo ya hay que tomar las medidas y caminar en las direcciones en las que vamos a caminar como país, como gobierno, como partido una vez que entre el Nica Act”, manifestó Courtney.
Nica Act avanza
El proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act, tiene como objetivo que Estados Unidos vote en contra de los préstamos del Gobierno de Nicaragua ante los organismos financieros multilaterales, lo que representa una amenaza a la economía del país, según los expertos.
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El proyecto de ley también establece que su aplicación puede ser evitada, si el gobierno de Ortega hace cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción y el respeto a los derechos humanos.
Este miércoles la Nica Act fue aprobada por unanimidad por los miembros del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, lo que significa otro paso más para su aprobación total.
OEA sin aclarar
Por su parte, la OEA sigue sin aclarar a la opinión pública las razones de “fuerza mayor” que obligaron a su delegación retirarse del país de manera inesperada. LA PRENSA ha tratado de conseguir una versión oficial a través del vocero del organismo, Sergio Jellinek, pero no se ha recibido respuesta.
Campesinos también se quedaron esperando
La líder anticanal, Francisca Ramírez, lamentó que la OEA haya cancelado la cita que tenían para reunirse con ellos este viernes. “Fue lamentable que la OEA no haya podido conversar con todos los movimientos sociales, porque la OEA puede ser un mediador para entrar en un diálogo nacional. El presidente Ortega viene atropellando nuestros derechos, es lamentable que nos cierre espacios”, dijo vía telefónica.
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Según Ramírez, el organismo no debió irse sin escucharlos, porque al final solo escucharon a “una cara de la moneda”.
Courtney dijo mantener pláticas con sectores del Gobierno, de la OEA y sobre todo de la comunidad donante, que le hicieron saber que el retiro de la delegación también se debió al tema económico.
¿Ortega pidió US$10 millones para CSE?
Courtney conoció que el gobierno de Ortega supuestamente pidió diez millones de dólares para el Consejo Supremo Electoral (CSE), como parte de los acuerdos con la OEA, para fortalecer la democracia.
LA PRENSA también trató de confirmar esta información con Jellinek, vocero de la OEA, pero el correo no ha sido contestado.
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El plan de trabajo de la Misión de Cooperación de la OEA, para el fortalecimiento institucional, implica la depuración del padrón electoral, fortalecimiento del registro de cedulación, un diagnóstico sobre el transfuguismo político y representación política, y la actualización de la infraestructura tecnológica.
“Muy poco y muy caro”
Según Courtney, el presupuesto estimado originalmente por la OEA, para cumplir con estos acuerdos, era de ocho millones de dólares, pero al contemplar la solicitud del Gobierno (diez millones de dólares), suman más de 18 millones de dólares, que son los que se establecen en el plan de trabajo para cumplir la Misión de Cooperación, en un plazo de tres años.
“Hay una intención obviamente de parte del Gobierno de utilizar el diálogo de la OEA para sus fines políticos (Nica Act), pero de pronto también se mezcló con fines recaudatorios para la autoridad electoral, y ahí el monto se te duplica, el alcance se comienza a ver cada vez más limitado y no encuentran financiamiento”, valoró Courtney.
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Courtney explicó que los 18 millones de dólares es un precio que los donantes estarían considerando muy caro solo para el padrón electoral y el transfuguismo político.
“Lo que se plantea es que la oferta que andan vendiendo (a los donantes), de un programa de tres años para abordar apenas dos tópicos (cedulación y transfuguismo político) y una observación de carácter municipal, por 18 millones de dólares, es muy poco en el ámbito de la compostura del aparato electoral y del sistema electoral, y al mismo tiempo muy cara. Eso es lo que le dicen a la OEA los donantes, tantos los tradicionales como Estados Unidos y la Unión Europea, como (también) algunos por amistad y por relaciones geopolíticas como Taiwán”, explicó Courtney.
CxL confía en acuerdos con OEA
La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, calificó de positiva la visita de la delegación de la OEA y su reunión con el cuerpo diplomático.
“En la reunión presentaron su plan de trabajo ante el cuerpo diplomático y fue positivo. Ellos van a observar y ya presentaron parte de ese plan. Van a estar aquí tres meses antes de las elecciones y mientras eso se mantenga Ciudadanos por la Libertad va a participar en el proceso electoral”, manifestó Monterrey.
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Monterrey rechazó las críticas a la OEA por su retiro del país. “Hay personas y grupos que buscan cómo insultar a la OEA, cuando es el único organismo fuera de Nicaragua que ha mostrado interés en venirnos a ayudar. Vamos a seguir esperando a la OEA para que cumpla con el acuerdo suscrito con el Gobierno. Nos preocupa que no nos hayan recibido, pero eso no significa que ahora vamos a decir hasta aquí llegó la OEA”, agregó.
CxL fue uno de los partidos a los que la delegación de la OEA le canceló la reunión, cuando se fue del país de forma inesperada.
El Gobierno está apostando a que la gestión (de los acuerdos) con la OEA, aún en la baja intensidad en la que estaba dispuesta a aceptarla, no le resuelve el problema de la Nica Act”.
Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia.