Según un enfoque que se ha generalizado, bastaría eliminar los gastos excesivos y recuperar aquello que se erogó de manera indebida, junto a una mejor administración, para que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) retornase a una situación financiera sana.
Lamentablemente, este enfoque resulta, en el mejor de los casos, inocente. No porque no sea necesario reducir gastos excesivos o, en su caso, si fuese posible, recuperar lo erogado de manera indebida.
Sino porque la crisis de insolvencia del INSS, prevista por todos y cada uno de los estudios actuariales efectuados en la última década y media, tiene una raíz más profunda: la tendencia de los egresos por el pago de pensiones y prestaciones a crecer a un ritmo más rápido que los ingresos por cotización.
Esta tendencia encuentra su raíz en el hecho de que las pensiones y prestaciones resultan ser actuarialmente superiores a los aportes – y en la última década las prestaciones se han incrementado -, situación que, en un esquema de seguro social como el del INSS, solo se podría sostener si el número de aportantes, y sus salarios reales, creciesen con la rapidez necesaria para sostener el crecimiento del número de receptores de pensiones y prestaciones, y de sus prestaciones promedio.
Pero en un mercado laboral como el nicaragüense, el empleo generado por las actividades de mayor productividad relativa, que generan el empleo formal, no solo es minoritario, sino que no crece con la rapidez suficiente, y la mayor parte del empleo sigue siendo de muchísima menor productividad e ingresos.
De hecho, la cobertura del INSS, que se extiende ya a alrededor de un 29 por ciento de los ocupados, parece estarse acercando a los límites del empleo formal, de mayor productividad: esto se refleja en que el aumento reciente de la cobertura ha ocurrido, en gran parte, a cuenta del empleo por cuenta propia, de menores ingresos, lo cual, en lugar de mejorar la situación, tiende a crear mayores cargas.
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Por otra parte, los salarios reales promedio de los trabajadores del propio sector formal se han mantenido no solo muy bajos, sino relativamente estancados, y han crecido a tasas mucho menores que el monto promedio de las pensiones y prestaciones.
Por esta razón, todos los estudios actuariales preveían que los superávits que comenzaron a producirse cuando la tasa de cotización se incrementó en el año 2000, por primera vez en más de 40 años, se convertirían en déficits, y que las reservas institucionales de efectivo terminarían por agotarse, de manera que el INSS seria insolvente en algún año después de 2019.
La actual administración es responsable por haber anulado los efectos de la reforma de 2013, y acelerado el arribo del INSS a la insolvencia.
Pero con revertir lo actuado por esta, ya no basta para que esta entidad retorne a la solvencia. La razón es que los déficits proyectados a partir de ahora, son, por su magnitud, muy superiores que los actuales.
De manera que propuestas que se limiten, por ejemplo, a reducir los gastos administrativos o liquidar las inversiones, apenas darían un respiro de muy corto plazo, porque no hacen frente a los desequilibrios que, a partir de ahora, se ensancharan exponencialmente.
La otra alternativa sería que, por un lado, se libere al INSS de las pensiones que corresponden a la función de protección social del estado, y de los gastos excesivos, y que los ingresos crezcan a una tasa mucho mayor por la vía de que todas las ramas de la economía se comprometan a llegar a cotizar entre 32 y 35 semanas al año, y que por otro lado se efectúe un esfuerzo nacional coordinado por que la economía comience a generar porcentajes cada vez más elevados de empleos de mayor productividad e ingresos.
De esta manera, se aprovecharía el periodo que resta del bono demográfico, y el empleo formal y los salarios reales crecerían con la rapidez necesaria para darle mayor sostenibilidad al seguro social…y al país.
