Justo cuando campesinos asentados en el sur de Nicaragua se quejan de la falta de seguridad jurídica para sus tierras, por estar ubicados en el tramo trazado para el proyecto del Canal Interoceánico, el Banco Mundial le facilita a Nicaragua un préstamo de 18 millones de dólares para mejorar los servicios de regulación, titulación y registro de propiedad del país.
Una nota de prensa fechada el 14 de junio en Washington, Estados Unidos, sede del citado organismo financiero, indica que el fondo beneficiará a cerca de 800,000 personas en Nicaragua, luego de aprobarse el de 18 millones de dólares.
De acuerdo con el detalle técnico del Banco Mundial (BM), se trata de un financiamiento adicional al Segundo Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad en Nicaragua, a un plazo de 25 años, con cinco años de gracia.
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Con este proyecto, según el BM, cerca del 30 por ciento del territorio nacional “se ha beneficiado con actividades de barrido catastral y regularización en las zonas del Pacífico y Central; así como en la región del Caribe, donde sobresale la titulación colectiva de los territorios indígenas”.
¿Ampliará oportunidades?
El financiamiento adicional, según el BM, “permitirá ampliar estas actividades, lo que mejorará el clima de inversión y ampliará las oportunidades económicas para la población nicaragüense”.
“El Gobierno de Nicaragua ha recibido la buena noticia de la aprobación de este financiamiento, que nos permitirá continuar desarrollando y consolidando el marco legal, institucional y técnico de los derechos de propiedad de la población nicaragüense”, señaló el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalván.
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“Esto se traduce en seguridad jurídica para hacer al país más atractivo para la inversión, generar mayor empleo y dotarlo de mayor estabilidad y crecimiento económico con justicia social para el bienestar de nuestro pueblo”, refirió en la nota de prensa el funcionario público.
Ordenamiento
“Garantizar los derechos de propiedad y modernizar las instituciones relacionadas con el ordenamiento de la propiedad es fundamental para mejorar la productividad de Nicaragua”, afirmó Luis Constantino, representante del Banco Mundial en Nicaragua.
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Sin embargo, ni Acosta ni ningún otro funcionario ligado al tema de la seguridad jurídica de las propiedades, ha respondido a LA PRENSA o aclarado a la opinión pública de dónde provienen las órdenes de prohibirle a los campesinos y productores asentados en la ruta del proyecto de Canal Interoceánico, hacer cualquier transacción legal con sus propiedades.
LA PRENSA ha logrado constatar que miles de pequeños y medianos productores que habitan en el sur de Nicaragua, donde el Gobierno trazó el proyecto vial acuático, que beneficia por 100 años al empresario chino Wang Jing, están impedidos de inscribir, traspasar o transar cualquier tipo de negocio con sus tierras, sin que nadie les explique formalmente el motivo.
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Entre las acciones que los propietarios privados no pueden hacer es inscribir escrituras de compraventa, acceder a préstamos hipotecarios, darlas en prenda agraria, donarlas, heredarlas o cualquier otra acción que implique el cambio de dominio o dueño de dichas tierras.
No pueden inscribir tierras
“Tenemos cuatro años con el problema. No tenemos derecho a préstamo para inscribir nuestras tierras. Hubo denuncia de que están prohibiendo hacer compraventa, porque entre nosotros los campesinos nos compramos tuquitos de tierra, pero cada día vemos más limitado este derecho”, dijo a LA PRENSA Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino contra la Ley 840.
Las comunidades afectadas son varios municipios de Rivas y en el Caribe Sur de Nicaragua, Nueva Guinea y otras zonas rurales, donde se han realizado casi 100 marchas de protestas contra la Ley del Canal.
¿Qué pueden hacer?
Según Medardo Mairena, coordinador del movimiento campesino contra el Canal Interoceánico, la mayoría de las propiedades en el Caribe Sur, por donde se proyectó el Canal, son tierras protegidas por el Estado y aun así se trazó el proyecto.
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Miles de campesinos del sur de Nicaragua podrían ser expulsados de sus propiedades y reasentados en otros territorios por medio de la Ley 840 del Canal, que beneficia al empresario chino Wang Jing sobre los derechos de propiedad de los campesinos nicaragüenses.
A menos que el Banco Mundial le reclame a Nicaragua por nuestras tierras, no creo que haya algo en ese préstamo que nos beneficie a los que estamos en la zona del tal Canal”.
Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino.
