El evidente fracaso de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Asamblea Anual recién concluida en Cancún, México, donde fue incapaz de emitir una declaración sobre la caótica situación política, económica y humanitaria en Venezuela debe hacernos reflexionar a los nicaragüenses sobre el rol que puede jugar este organismo ante el gobierno antidemocrático de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y sobre el futuro del país.
Es cierto que la OEA tiene como misión, desde 1951, impulsar la democracia en el continente, sin embargo su récord en este particular es muy débil, a pesar que esa misión fue reforzada en 2001 por la Carta Democrática Interamericana que es clara en su artículo 3: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”
El artículo 4 abunda sobre la importancia de la transparencia, la probidad, la rendición de cuentas y el respeto a las libertades individuales. Claramente, el régimen bicéfalo de Nicaragua no respeta nada de eso, tampoco el de Venezuela. Ambos regímenes deberían estar suspendidos de la OEA desde hace rato.
Sin embargo, a pesar de la beligerancia del secretario general, Luis Almagro, al menos en el caso de Venezuela, el organismo interamericano se vio imposibilitado de actuar.
Pero aún si actuara, ¿qué pasaría? Según la Carta Democrática, después de un largo y tortuoso proceso, se suspendería del organismo al Estado infractor. Eso ha ocurrido dos veces, tal como reporta un cable de EFE publicado por LA PRENSA: Cuba en 1962 (antes de la Carta Democrática) y Honduras en 2009. Pero la verdad es que tanto en Cuba como en Honduras, los regímenes considerados infractores continuaron con su plan sin ninguna consecuencia real. Es más, 55 años después el régimen castrista continúa a sus anchas en Cuba.
Aún así, no se puede negar la importancia que, en el concierto de las naciones, un régimen reciba la condena de sus pares en un foro como la OEA pues lo aísla, pero las consecuencias prácticas han demostrado ser irrelevantes.
En el caso específico de Nicaragua, que en lo que se refiere a la convulsión social está muy lejos de ser como el venezolano, aunque los regímenes son igualmente antidemocráticos y autoritarios, el secretario general Almagro tiene un acuerdo con Ortega para observar las elecciones municipales de noviembre, y se han dado un plazo de tres años para “mejorar” el proceso democrático del país. El pueblo de Nicaragua ignora los detalles y alcances reales de ese acuerdo, pero el récord de la OEA no deja espacio para albergar muchas esperanzas.
Y las esperanzas debemos depositarlas los nicaragüenses en nosotros mismos. Ya Almagro ha dicho que nadie debe esperar cambios si solo existe presión internacional, y tal como estamos viendo en Venezuela, los cambios no llegan fácil aún con fuertes presiones internas pues los regímenes antidemocráticos y corruptos como los de Venezuela y Nicaragua están dispuestos a derramar la sangre de sus propios conciudadanos antes que devolverles el derecho para elegir su propio destino.
Es cierto que el régimen de Venezuela tiene los días contados, pero desgraciadamente los venezolanos pasarán más penurias y habrá más muertes de ciudadanos indefensos antes que eso suceda porque detrás de la actitud fratricida del régimen venezolano no está solo la ambición de poder sino la descomunal corrupción que convierten al dictador y sus paniaguados en millonarios a costa del erario.
Una cosa sí es cierta, bajo un régimen antidemocrático como el que ha impuesto la pareja presidencial en Nicaragua, no hay manera de salir de la pobreza por mucho que las famosas cifras macroeconómicas pinten otro panorama.