Cristina (nombre ficticio), oriunda de Chinandega, relata su calvario entre sollozos y apenas puede con su angustia.
Mientras convivió con quien ahora es su expareja, afirma que este cometió con ella abusos extremos. No solo la abusaba sexualmente, sino que, cuando estaba embarazada de su pequeño hijo de ahora poco más de dos años, la llegó a obligar a comer los alimentos que él lanzaba al suelo y luego ella recogía con las manos y comía.
Llegaron los golpes
“Con el tiempo él empezó a golpearme, me daba con su puño (…) Una de los peores golpizas que recibí fue estando embarazada (…) fue cuando yo vendía productos, me explotaba porque económicamente era yo la que trabajaba (…) él nunca trabajó, debido a que, según él, sus padres decían que solo debía estudiar. Y, con respecto a ello, hubo muchas veces que yo no llevaba ganancias de las ventas. En una ocasión, él vino y se molestó tanto que tomó la comida que había alistado su mamá para nosotros y la lanzó al piso y me dijo: ‘¿tenés hambre?’ me sentí tan mal que yo tenía hambre, recogió un poquito en la mano y después la tiró así y yo comí . Tenía un bebé y yo tenía hambre”, señala la víctima.
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“Yo fui codependiente a él producto de esa violencia que viví, él sabía que yo cedía a todo lo que él decía por miedo. Desde un comienzo siempre tuve miedo a que él me matara o me hiciera algún daño”, comenta Cristina.
Perdió contacto con su mundo
“Yo recibí golpes físicos. Fue un sinnúmero de castigos. Lo primero que él hizo fue alejarme de mi familia, una vez que él me alejó de mi familia, me sometió a lo que él decidía sobre mí y cosas que yo debía hacer. Él revisó mi facebook, cerró mi facebook (…) me alejó totalmente de mis amistades (…) y una vez que hizo eso ya logró tener dominio sobre mi, lo primero que hacía era culparme (…) que si me pasaba algo y él se molestaba y se enfurecía era por mi culpa”, relata la mujer.
En una ocasión, el hombre hizo una lista que Cristina debía cumplir y, cuando a ella se la olvidaban las cosas, relata que este la castigaba.
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El hombre empezaba golpeando la pared con los puños y luego la arremetía con ella, “era algo como rutinario, yo sabía que cuando él se ponía así yo sabía que ya me venía algo a mí, por eso prefería no contradecirlo y no decirle nada y dejar que me hiciera lo que él tenía que hacer”.
Ahora la joven de 26 años piensa que ella no dejaba a su agresor porque tenía la idea que “si no me llegaba a matar, podía llegar a lastimarme hasta el punto de dejarme débil y saber que nunca iba a denunciarlo”.
“La psiquiatra de Medicina Legal escribió a la Policía “que me protegiera”, pero lo primero que hizo la Policía fue dejarlo libre”, según la joven.
“Me sentía sola, que no sirve de nada denunciar (…) uno hace sacrificio para llegar a denunciar a esa persona”, relata entre sollozos. El dictamen psiquiátrico del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la joven tiene trastorno de ansiedad. Necesita de psicoterapias.
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Denuncia la violencia
El 23 de julio de 2016, Cristina presentó su denuncia por la violencia que sufrió entre 2011 y 2014, después que “logré escaparme y tomar valor para denunciarlo”, pero ha debido esperar muchos meses para que el proceso avance, pues las audiencias han sido reprogramadas, por argucias de la parte acusada.
“Mi temor es que no se llegue hacer justicia en mi caso y que esta persona le haga daño a mi hijo”, expresa Cristina.
El temor mantuvo a Cristina atada a su agresor y le llevó un año para decidir presentar una denuncia en su contra. Pero cuando lo hizo, la Policía determinó que el hombre debía enfrentar el proceso en libertad.
Uno de los alegatos de la Policía para poner al agresor en libertad fue que en el dictamen del IML habían puesto mal el nombre de Cristina y el agresor no podía pasar más de 24 horas detenido. Y el Ministerio Público estuvo a punto de cerrar el caso porque el dictamen del forense no era remitido.
En medio de la acusación que ella presentó, el hombre la demandó en los tribunales de Chinandega por la tutela del niño de dos años y medio que padece de autismo y uno de los factores de ellos es la violencia vivida. Una juez de familia, pese a que ella explicó todo, permitió que su agresor visitara al niño tres veces por semana. Cuando el caso llegó a los tribunales, las visitas fueron suspendidas.
“He sentido que me han revictimizado, he vivido mucha coacción, he sentido que no se me escuchaba y mis derechos se me han violentado”, señala Cristina.
Derechos humanos
Al abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Salvador Marenco, donde acudió la víctima para solicitar acompañamiento, le llama la atención que en la Asamblea Nacional los diputados alegan que las reformas a las tres leyes, entre ellas la Ley 779, fue para endurecer las penas, y darán prisión preventiva para delitos que se consideren graves, pero en este caso no hucedia sdo lo que ha puesto en zozobra y en riesgo a la sobreviviente de la violencia.
Sin embargo, menciona Marenco, los estándares internacionales expresan que en estos casos debe haber debida diligencia en el marco de un debido proceso, y aunque la víctima ha solicitado medidas especiales de protección nadie la escuchó.
La historia de Juvelki Munguía y el miedo a su agresor
La historia de Juvelki Munguía, de 25 años, es casi la misma. A ella le bastaron tres años de convivencia con su agresor para sentir en carne propia la violencia física y psicológica.
“Yo temo por mi vida, temo por la vida de mi hija porque también me la ha amenazado (…) yo no puedo salir a las calles, yo no puedo ir al trabajo tranquila, tengo que esperar a que mi mamá me llegue a traer y me llegue a dejar”, dice Munguía.
Desde 2015 Munguía ha presentado tres denuncias en el Distrito Siete de la Policía. Dos de las cuales no prosperaron y en esta tercera aún espera que su agresor sea citado.
El hombre ha mantenido el acoso en su trabajo, en las calles y en su casa y ha llegado a enviarles mensajes por chat en el teléfono donde ha amenazado con quitarle la vida a la niña de cinco años que procrearon entre ambos.
“He perdido tres trabajos (por el acoso) por parte de esta persona”, relata Munguía quien comenta que al hombre no le importa llegar a disputar con ella en cualquier lugar donde se encuentra.
En la última ocasión, el hombre retuvo a Munguía por unas dos horas e intentaba arrastrarla a un predio baldío en horas de la noche, en las inmediaciones de Rubenia, donde él abusó de su poder para retenerla.
Esa noche, relata Munguía que aunque ella se resistía el hombre la jalaba a la fuerza. “Yo me iba agarrando de todos los postes y todo lo que miraba. Pasaron dos móviles de la Policía incluso yo les pedí ayuda y no tuve respuesta (…) ellos pasaron y no me hicieron caso, a pesar que yo les grité que me ayudaran”.
Unas personas que pasaron por el lugar le quisieron ayudar, pero señala que el hombre aducía que ella estaba ebria. En un momento ella corrió y se acercó a un vigilante y le pidió que llamara a la Policía “porque ese hombre me quería matar”. Sin embargo, “el muchacho se hizo el desentendido”.
Y el hombre la retuvo de nuevo ya en el sector del barrio Georgino Andrade, donde ambos habitan a una cuadra de diferencia. Fue hasta que logró llamar a su familia y un hermano suyo llegó en su apoyo cuando logró liberarse de su agresor.
Aunque fue nuevamente a denunciar el caso a la Policía, ella desconfía que el proceso avance. “Yo siento que la Policía no está actuando, no está tomándole importancia a mi caso”.
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La abogada del Cenidh, Wendy Flores, dice que han preparado una solicitud de medidas precautelares conforme a la Ley 779, y espera que la Comisaría revise la solicitud y proceda a aplicarlas debido a que las amenazas y hostigamiento persisten y tomando en cuenta los antecedentes de violencia.
Recordó que hay muchos casos de femicidio como antecedentes en los cuales las mujeres denunciaron y no tuvieron ningún tipo de protección. Y demandó que las autoridades cumplan con su deber .
“Las autoridades no ven el acoso, que es la individualidad de la mujer, la que le está coartando su agresor”, apunta Flores, quien menciona que los otros dos casos anteriores han pasado en la impunidad por lo que pregunta ¿”cuántas veces más van a suceder para que esta persona pase de las amenazas a la acción?”.
La abogada del Cenidh destaca que es común la falta de respuesta de las autoridades en este tipo de casos, lo que desestimula a las víctimas en su derecho a seguir buscando justicia porque requiere tiempo pues es la víctima que tiene que probar y no es la Policía la que realiza la investigación.
En 2016 la Unidad Especializada contra la Violencia de Género de la Fiscalía recibió durante 2016 más de catorce mil denuncias y, aunque el informe anual asegura que en más de diez mil ejerció la acción penal, en casi seis mil casos las autoridades promovieron la mediación.