El Ministerio Público (MP) de Venezuela negó este jueves la entrada a la vicefiscal general, Katherine Harrington, designada en el cargo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pero desconocida por la fiscal general, Luisa Ortega, quien nombró recientemente a Rafael González como titular de ese despacho.
Harrington, sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, llegó hasta las puertas de la Fiscalía acompañada por varios funcionarios del Supremo y entregó una carta que le acredita como vicefiscal general.
Sin embargo, tras una media hora, la funcionaria se marchó del lugar sin haber tenido éxito en su intento por tomar posesión del despacho para el que la acreditó la Sala Constitucional del Supremo.
Luego, la fiscal general escribió a través de su cuenta en la red social Twitter que denunciaba “la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al Ministerio Público”.
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Por ello, Ortega responsabilizó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) “de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios” de la Fiscalía.
El Supremo designó el martes a Harrington, un día después de que el Parlamento, controlado por la oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González, designado por la fiscal general el 17 de abril pasado.
Harrington, aliada de la la revolución bolivariana
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, designó en 2015 a Harrington como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal y es considerada por la oposición como una aliada de la llamada revolución bolivariana por haber llevado causas de varios dirigentes políticos encarcelados.
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La fiscal general se ha distanciado del Gobierno al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y al oponerse al cambio de Constitución que promueve Maduro, lo que le ha valido que desde el chavismo la tilden de “traidora”.
Ortega ha reiterado que desconocerá las decisiones del Supremo por ser “contrarias a la Constitución”, mientras el Supremo adelanta un enjuiciamiento en su contra que podría dejarla fuera del cargo.