El gobierno del presidente designado por el poder electoral Daniel Ortega insiste en reclamar una indemnización a Estados Unidos por el fallo del 27 de junio de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y a la que el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro desistió el 12 de septiembre de 1991.
El magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, aseguró este viernes que Nicaragua nunca ha desistido a ese fallo que condenó a Estados Unidos por financiar las actividades militares y paramilitares de la contrarrevolución, en la guerra de la década del 80 en Nicaragua.
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“Nicaragua además de no haber desistido, no hay ningún documento formal, no hay ninguna memoria, porque en derecho internacional se comparece con una memoria y para desistir hay que comparecer con otra memoria desistiendo de esa litis, lo que se habla es de una nota de cancillería”, planteó Rosales.
Nicaragua renunció a todo derecho
El gobierno de Barrios de Chamorro en 1991 desistió del proceso de indemnización a través de una carta del Agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, doctor Carlos Argüello.
Argüello expresó en la misiva que “el Gobierno de Nicaragua ha decidido renunciar a todo derecho y acción posterior basada en el caso en referencia y, por tanto, no desea continuar con los procedimientos. Es mi deber, por tanto, pedir a la Corte que emita una orden registrando oficialmente el desistimiento de estos procedimientos y ordenando remover el caso de la lista de asuntos que lleva el tribunal”.
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Aun así, Rosales sostiene que para comparecer ante un organismo internacional hay que tener la facultad y poderes amplios para poder desistir a ese tipo de demandas.
“En este caso lo que hay es una interpretación sesgada de aquellos que creen que Nicaragua desistió. En el caso de Nicaragua, para poder hacer actos de disposición se requiere de una ley de la República. Más de 300 mil córdobas requieren una ley de la República; imaginate desistir de más de 17 mil millones de dólares que era lo que estaba evaluado, según Nicaragua, en 1988 el daño causado”, afirmó el magistrado al comparecer en el programa Jaime Arellano en la Nación.
No era necesario una ley para desistir
Expertos en Derecho Internacional han explicado que no era necesaria una ley para desistir del proceso de indemnización ante la CIJ, la cual aún no había determinado el monto que tenía que pagar Estados Unidos a Nicaragua por la condena.
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El primer gobierno de Ortega (1984-1990) trató de evitar que su sucesor desistiera del proceso de indemnización, aprobando el 5 de abril de 1990 -después de haber perdido las elecciones- la Ley de protección de los derechos de Nicaragua en el marco de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Ley 92.
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Sin embargo, la Ley 92 fue derogada el 19 de junio de 1991, cuando Barrios de Chamorro ya estaba en el poder.
Ley de reclamo
El pasado 28 de julio, los diputados orteguistas y sus aliados de los partidos minoritarios ALN y PLI aprobaron la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, con la cual pretenden cobrar a Estados Unidos 17 mil millones de dólares, que es lo que reclama el gobierno de Ortega por los daños causados en la guerra de los 80, entre combatientes de la contrarrevolución, armados por Estados Unidos y el Ejército Popular Sandinista (EPS) que era apoyado por la Unión Soviética y Cuba.
