La lucha contra la corrupción genera resistencia. Actualmente la más férrea es la del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, que ha querido expulsar de su país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), cuya eficiencia despierta envidias en todo el mundo, en especial en aquellos países donde los sistemas anticorrupción fracasan. Además, Morales ha logrado que el Congreso le mantenga la inmunidad para que no pueda ser procesado.
La actitud de Morales desnuda un gran conflicto de interés. En su campaña, bajo el lema “ni corrupto, ni ladrón”, había garantizado que la Cicig operaría en el país hasta finales de 2019. Sin embargo, ahora declaró persona non grata al titular de la entidad, Iván Velázquez, y amenazó con expulsarlo. Su venganza es porque el Comisionado pidió levantar su inmunidad presidencial por haber recibido dineros sucios para su campaña y porque procesó a uno de sus hermanos y a su hijo por otros delitos contra el Estado.
Por suerte en América Latina, la región en donde la corrupción es histórica, estructural y cultural, se observan buenos avances en su contra, como lo admite el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz. Uno de los casos más sonados lo lideró en su país natal contra la dupla Fujimori-Montesinos y ahora es en Brasil, donde el caso Lava Jato desató la caída de poderosos en toda la región, como la del expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa.
La importancia del caso brasileño de Marcelo Odebrecht es que ha desnudado el concepto de cartelización de la corrupción, lo que Velázquez está tratando de extirpar de Guatemala. No solo es gente y funcionarios que quieren beneficiarse del Estado, sino grupos poderosos, públicos y privados, que actúan en complicidad orquestando carteles públicos con rasgos de crimen organizado. Desde el poder, su máximo objetivo es crear mantos estructurados de impunidad difíciles de penetrar.
Por ello los guatemaltecos comunes no quieren que desaparezca la Cicig, nacida en 2006 tras un acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas, que en pocos años logró lo que el sistema judicial guatemalteco no pudo en décadas. Velázquez consiguió procesar y encarcelar a más de 300 poderosos miembros de círculos políticos económicos cartelizados, entre ellos a cinco exministros, tres expresidentes del Congreso, magistrados de la Corte Suprema, funcionarios aduaneros y penitenciarios, banqueros y a la excúpula presidencial compuesta por Otto Pérez Molina y Rosana Baldetti.
Ugaz de Transparencia da otra dimensión a esta cartelización. Ya no habla de corrupción sino de la “gran corrupción”. Considera que la corrupción dejó de ser un problema moral como se la percibía hasta hace tiempo. Ahora dice que tiene una fuerte implicancia económica, ya que los dineros que algunos pocos roban para su cartel, impactan negativamente en la sanidad, la educación, la pobreza, el desarrollo y la gobernabilidad.
Por ello Ugaz plantea que hay que atacar en forma integral a la corrupción, no solo aumentando los castigos o declarando imprescriptibles esos crímenes. Precisa que además de reformas de políticas públicas, se necesita educar contra la cultura de la corrupción. Le alarma que el 78 por ciento de la población considere que la corrupción “es el pago de una contraprestación recibida, casi una transacción normal común y corriente cuando en realidad es un hecho delictivo”.
Tanto Ugaz como Velázquez consideran que la corrupción no es un problema genético y que se necesita voluntad política y liderazgo en su lucha. Así como Velásquez contó con apoyo político hasta antes del arranque de ira de Morales, Ugaz lo tuvo en Perú como fiscal anticorrupción, permitiéndole procesar a 1.500 personas, entre ellos 130 funcionarios de altísimo nivel, incluyendo al ex presidente Alberto Fujimori condenado a 25 años de prisión.
Ambos observan que además de los contrapesos institucionales, se necesitan otros dos elementos para desarraigar la corrupción, tal como sucedió en Perú, Guatemala y Brasil.
Primero, el empoderamiento de los ciudadanos que salen a la calle para presionar cambios y exigir justicia contra los corruptos. Segundo, la existencia de una prensa independiente e investigativa que ponga al descubierto los temas que la Justicia tiene bajo reserva, ayudando a crear presión, conversación pública y conciencia sobre cómo la corrupción roba la vida cotidiana de cada ciudadano.
El autor es periodista argentino
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