Grupos sociales de Guatemala convocaron este sábado a un paro nacional el próximo miércoles 20 de septiembre para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y la depuración del Congreso, luego de una convulsa jornada de protestas la noche de este viernes contra la corrupción.
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El llamado se hizo después de que la policía evacuara el viernes a decenas de congresistas que permanecieron unas siete horas en el interior del Parlamento, mientras en el exterior decenas de personas protestaban. Los parlamentarios permanecieron en el Parlamento después de una sesión en la que retiraron dos polémicas reformas del Código Penal destinadas a blindar a los líderes políticos contra posibles acusaciones de financiamiento ilegal. Las modificaciones pretendían desligar a los secretarios generales de los partidos de eventuales persecuciones penales.
Reforma
El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una reforma para reducir el castigo a quien cometa el delito de financiamiento electoral, unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuese señalado por la Fiscalía y la comisión anticorrupción de la ONU de supuesto financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015. Una parte de la población calificó estas decisiones como un “pacto de corruptos”.
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Miles de manifestantes encerraron este viernes a los diputados en el Congreso hasta que derogaron la reforma. Algunos legisladores reconocieron como “un error” los cambios hechos y pidieron perdón a la población.
La Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica de Guatemala, garantizó los derechos de los manifestantes, a los que exhortó a expresarse de manera pacífica, y pidió a las autoridades permitir este ejercicio ciudadano ante las sedes de los organismo del Ejecutivo y Legislativo.
La Presidencia de Guatemala anunció al final de la tarde de este sábado que el gobierno de Jimmy Morales cumplirá la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país, que ordena garantizar los derechos de los manifestantes.
En un comunicado, Morales dijo que, en atención a esa resolución judicial, ha girado instrucciones a los funcionarios titulares de los ministerios de Gobernación y Defensa, Policía Nacional Civil y Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS) para que respeten y protejan los derechos de los manifestantes.
