La corrupción es un problema cuyos orígenes son anteriores a la era cristiana. Es una plaga que a pesar de todos los esfuerzos internos y externos, que se han implementado para eliminarla, no solo no desaparece sino que se sostiene y multiplica por doquier.
Este endémico mal está tan arraigado en el ámbito público y privado de la sociedad contemporánea que muchos estudiosos de la materia consideran que ya no es apropiado hablar de erradicar la corrupción, sino de mantenerla bajo control, pues se ha llegado a la conclusión que es sumamente difícil acabar con ella.
Prueba de ello es que no existe en el mundo un país, rico o pobre, que escape a este flagelo, la diferencia está en los niveles de corrupción existente en cada uno de ellos como resultado de la forma en que individualmente enfrentan o se comportan ante esta pandemia milenaria.
Sin embargo, el asumir la corrupción como un fenómeno social prácticamente inextinguible, no significa que se tenga que aceptar como algo normal, tampoco implica bajar la guardia en la misión de reclamar una gestión pública transparente para el desarrollo y bienestar de la clase gobernada.
Todo lo contrario, la lucha contra la corrupción ha de ser permanente, franca y decidida, sobre todo cuando recientes denuncias, de carácter nacional e internacional, han puesto al descubierto un sorprendente repunte de la corrupción al más alto nivel de la administración pública en diferentes países de la región latinoamericana.
La situación es más alarmante cuando quienes están involucrados en las denuncias son presidentes que paradójicamente llegaron al poder enarbolando la bandera de la anticorrupción y hoy enfrentan procesos judiciales por actos de corrupción, tal es caso de Jimmy Morales en Guatemala y Michel Temer en Brasil.
Igualmente México, El Salvador, Nicaragua, Perú, Ecuador y Venezuela se han visto afectados por grandes escándalos de corrupción ligados directamente a la gestión gubernamental de antiguos o vigentes mandatarios.
Pero lo más preocupante de esta ola de corrupción que está saliendo a luz pública en Centro y Suramérica, a excepción de Guatemala donde el hastío popular puso tras las rejas a una fórmula presidencial y tiene en aprietos al actual presidente, es la pasividad e indiferencia de la ciudadanía ante el manoseo indiscriminado del dinero público.
En Nicaragua por ejemplo, salvo algunos artículos de opinión, reportajes en medios de comunicación hablados y escritos, ninguna institución pública, movimiento social, organización política o de la sociedad civil está liderando esfuerzos para investigar, documentar y denunciar la corrupción que existe en el país.
Si bien es cierto que la corrupción germina en países con altos índices de autoritarismo derivado de la concentración del poder en pocas manos, también es una realidad que la poca o nula incidencia y participación del pueblo en la gestión de gobierno no solo favorece el manejo oscuro de los recursos del tesoro nacional, sino que convierte al ciudadano en cómplice del mal ejercicio de la función pública.
La ciudadanía debe tomar conciencia que la corrupción es un ancla que mantiene al país hundido en la pobreza, en consecuencia, ha de estar dispuesta a participar en la lucha por mantenerla reducida a la mínima expresión posible, denunciando en los medios de comunicación, las redes sociales y en las calles, si es necesario, las actuaciones corruptas de los servidores públicos.
El control de la corrupción no es un asunto únicamente de leyes, es también de participación y vigilancia ciudadana, por ello se necesita la creación de alianzas cívicas, observatorios anticorrupción o instancias como la CICIG de Guatemala, que denuncien anomalías y demanden el uso correcto y transparente de las arcas del Estado.
El autor es Director Ejecutivo de Hagamos Democracia.