Sergio J. Cuarezma T. En una investigación que llevó a cabo el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) sobre los “Derechos Humanos: niños, niñas y adolescentes privados de libertad en América Latina” en la década pasada, surgió un resultado contundente que viene a ser un común denominador de todos los países latinoamericanos y europeos sin excepción: Que la Justicia Penal Juvenil (como toda la Justicia Penal) criminaliza y sanciona muy desproporcionadamente a los sectores poblacionales más pobres. En sociedades con muy desigual distribución de la riqueza y el bienestar, también la Justicia Penal distribuye muy equitativamente las sanciones y frecuentemente reacciona con respuestas penales a problemas sociales. Esta investigación del ILANUD es el antecedente inmediato del proceso de reforma de la legislación penal del adolescente o juvenil que se desarrolló en la región centroamericana en la década de los noventa. En el caso de Nicaragua, la investigación de ILANUD puso al descubierto que la clientela del sistema de justicia penal estaba constituida por niñas, niños y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles, pertenecientes a los sectores de menores recursos de la sociedad y que practican conductas propias de estrategia de sobrevivencia. La justicia penal les aplicaba la medida de privación de libertad en casos en que otras medidas serían posibles y apropiadas. Los perfiles psicosociales y sociológicos que la investigación pudo establecer del “transgresor tipo” reflejaban que estas niñas, niños y adolescentes se encontraban en una situación de extrema pobreza, tenían baja o nula instrucción escolar, provenían de hogares desintegrados y en aquellos casos que la tuvieran, hacía falta la figura paterna responsable.
Un dato curioso que arrojó la investigación, era que el costo por niña, niño o adolescente privado de libertad era alto: doscientos dólares por mes (US$200), frente al ingreso familiar de los mismos que era muy bajo: cincuenta dólares (US$50). Esta conclusión puso de manifiesto una dura realidad: que el Estado y la Sociedad invertían cinco veces más en el internamiento o encierro de las niñas, niños y adolescentes del ingreso de las familias originarias que apenas les alcanza para comer. La investigación de ILANUD, demostró de forma contundente que la justicia penal tutelar ignoraba las garantías fundamentales de la justicia penal, sustantiva, procesal y de ejecución reconocidas explícitamente por el derecho internacional también para las niñas, niños y adolescentes desde la sanción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y lo más grave, que como resultado de la doctrina tutelar de la situación irregular que los caracteriza, confunde cuestiones penales con cuestiones eminentemente sociales. Para el director del ILANUD Elías Carranza, las muchachas y muchachos de la calle, de clase pobre o marginal, suelen ser condenados a prisión o “internados” por el hecho de no tener familia. La misma conducta practicada por un niño de otra extracción social, con una familia, es normalmente resuelta de otra manera. A los de sectores vulnerables les exigimos más que a otros, y sin quererlo, castigamos su pobreza. Estos personajes son para el citado autor, seres libres, llenos de necesidades insatisfechas que sufren agresiones, a quien debemos ayudar con su consentimiento, pero sin agregar la agresión del encierro a las agresiones que ya sufre. Este es el verdadero desafío de utilizar las medidas no privativas de libertad sin penalizar la pobreza; sin ampliar la red de niñas, niños y adolescentes que, en razón del medio social en que nacieron, están expuestos a infringir la ley penal, frente a aquellos que tienen familia y sus necesidades satisfechas. El autor es Catedrático de Derecho Penal y Criminología. |
Sábado 4 de mayo de 2024
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