- Los detractores de la Autonomía Escolar piensan que lo malo del modelo es el énfasis financiero que tiene
- Sin embargo, el anteproyecto propone que en el ámbito académico el Consejo Directivo Escolar podrá proponer adecuaciones al sistema educativo, a los planes de estudio e incorporar nuevas asignaturas
- El Anteproyecto de Ley defiende la gratuidad en la educación y que no hay peligro de privatización, dice ministro Robleto
AMALIA MORALES
El Anteproyecto de Ley de “Participación Educativa” que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) recién introdujo a la Asamblea Nacional, pretende legalizar el modelo de autonomía escolar, la herramienta de “descentralización” que promueve el Estado en aras de la “reforma educativa”.
El régimen de Autonomía Escolar, que se considera receta del Banco Mundial, viene siendo impulsado por el Ministerio de Educación desde 1993, bajo la administración de Humberto Belli. Se estima que a la fecha se han integrado a ella el 85 por ciento de las escuelas primarias.
A las escuelas que se acogen al régimen, el Estado les transfiere una cantidad de dinero que estará en dependencia de la cantidad de alumnos activos del centro.
La partida que el MECD asigna la administra la Dirección del centro, máximo representante del Consejo Escolar, donde están representados maestros, padres de familia y estudiantes. Esa partida no comprende presupuesto de parte del MECD para ampliación, ni reparación del centro, tampoco cubre en su totalidad el pago de los servicios básicos. Por tanto, se vuelve deber para la escuela autogestionar recursos financieros con los padres de familia, empresas privadas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Los detractores del régimen de Autonomía Escolar piensan que lo malo del modelo es el énfasis financiero que tiene. Por lo general, las escuelas que se adhieren a ese régimen realizan un sinfín de actividades encaminadas a la recaudación de dinero para el sostenimiento de los centros: kermesses, paseos, “Viernes Locos” y fiestas son actividades frecuentes, que se impulsan con un claro interés económico.
Los padres de familia además tienen que asumir las “contribuciones voluntarias” cada mes o para la celebración de fechas especiales como el Día de la Madre y del Niño, entre otros.
Por este tipo de consecuencias, los detractores de la autonomía prevén que la Ley de Participación Educativa —aunque no lo contempla— validará esos “cobros encubiertos” y se romperá el precepto constitucional que defiende la gratuidad en la educación.
LEGALIZAR LO QUE EXISTE DE HECHO
Para Fernando Robleto, ministro de Educación, Cultura y Deportes, el objetivo de la Ley de Participación Educativa es darle marco jurídico a lo que existe de hecho.
“No es cierto que se quiera privatizar, lo que se pretende es darle un marco jurídico a la autonomía escolar que funciona de hecho, de una manera operativa”, dice el titular de Educación.
Robleto, quien asegura que la aceptación del régimen de autonomía no es encargo del Banco Mundial, sino fruto de un foro educativo que se realizó en 1992, dice que el Anteproyecto de Ley defiende la gratuidad en la educación y que no hay peligro de privatización.
“Estamos devolviéndole a los padres de familia, a los maestros, a los consejos estudiantiles que son los alumnos, el derecho que tienen ellos a poder organizarse y manejar el centro de una manera casi independiente, lógicamente, bajo las políticas y normas del Ministerio de Educación”, dice Robleto.
Robleto considera infundado el temor de los sindicalistas a la legalización de la autonomía escolar. “La Ley de Participación Educativa no prohibirá la unión sindical, porque no los menciona para nada”, afirma el ministro.
Sin embargo, Robleto contradice los propósitos de la Reforma Educativa porque asegura que “no existe descentralización” sino participación de los padres de familia y de los alumnos.
“Estamos aquí (MECD) para facilitar la educación y por eso promovemos esa participación”, dice el ministro quien manifiesta que el Estado seguirá facilitando el dinero, pero será el Consejo el que lo administre.
PRINCIPIOS DEL
ANTEPROYECTO
El Anteproyecto de Ley de Participación Educativa surge con cinco objetivos, en los que se apela a la participación de la ciudadanía y de los padres de familia, en particular en el proceso educativo de sus hijos.
“Garantizar el principio constitucional de OBLIGATORIEDAD de la Educación Primaria y de GRATUIDAD, tanto en la primaria como en la secundaria en los centros educativos del Estado”, dice el tercer objetivo del Anteproyecto de Ley.
Y como principios básicos la ley establece la participación de la comunidad educativa, que conforman “padres de familia, maestros, alumnos, directores, delegados y administradores escolares”, dentro de un centro educativo, considerada la “instancia ejecutora de los programas de educación básica y media”.
Según el Anteproyecto de Ley, la comunidad educativa será representada en los centros autónomos por un Consejo Directivo Escolar el que tendrá la misión primordial de organizar, facilitar, planificar, supervisar, gestionar y controlar los recursos de cada centro escolar en función de “elevar la calidad educativa”.
En el ámbito académico este Consejo Directivo Escolar deberá cumplir y promover con las orientaciones y normas dictadas por el MECD.
Esta instancia también podrá proponer adecuaciones al sistema educativo, a los planes de estudio y también podrá incorporar nuevas asignaturas a los programas.
El Consejo Directivo también aprobará y dispondrá el presupuesto y los recursos financieros “ordinarios y extraordinarios del centro educativo”. Sin embargo, no estará en sus manos la elaboración del presupuesto.
El poder del Consejo Directivo no concluye ahí. En representación del Ministerio podrá realizar “la contratación del personal docente y administrativo”. También será potestad del Consejo nombrar al director de la escuela y “removerlo con por lo menos el ochenta por ciento de los votos del Consejo”.
Según la ley, a la Dirección del centro podrá aspirar cualquier docente que reúna los requisitos que establece la Ley de Carrera Docente o bien que sea un profesional con título universitario.
De acuerdo con la ley, los miembros del Consejo podrán ser suspendidos o destituidos por el MECD: “Cuando éstos incurriesen en violaciones a la Constitución, las leyes, reglamentos, normativas y procedimientos de la República o (…) en cualquiera de las causales establecidas en la Ley de Carrera Docente”.
La ley también crea los Consejos Educativos Municipales cuyas principales atribuciones serán fomentar y apoyar el desarrollo educativo municipal.
Una responsabilidad que se atribuye a este consejo es la creación de una biblioteca pública que beneficie no sólo a la población estudiantil, sino a localidad en general.
En cuanto al financiamiento, el anteproyecto sostiene que el MECD “transferirá a cada centro educativo bajo régimen de Participación Educativa una partida presupuestaria mensual para cubrir los gastos de funcionamiento del mismo”.
El anteproyecto permite el patrocinio de las empresas y de personas particulares interesadas en la educación.
Una de las críticas es que al menos 10 de los 24 artículos del anteproyecto pasan a reglamentación, de lo que se encargará el Ejecutivo, con lo que de entrada se augura la exclusión de la sociedad civil.
UNA ESTRATEGIA CONCEBIDA AL REVES
Dentro de la estrategia de Reforma Educativa del Gobierno, el primer paso sería la creación del Plan Nacional de Educación (PNE) y la “descentralización educativa” sería un segundo paso que garantizaría la “democratización” del sistema educativo.
Pero de hecho, la Autonomía Escolar está funcionando desde 1993, y aunque el mismo Anteproyecto de la Ley de “Participación Educativa” sostiene que ésta se enmarca en el PNE, éste aún no está listo, pues sólo un elemento se ha publicado: la Estrategia Nacional de Educación, en agosto del año pasado.
Otro elemento clave para la Reforma, es la Ley General de Educación que se introdujo a la Asamblea desde 1997, pero aún no ha sido aprobada