RÓGER A.CERDA
La reciente afirmación Episcopal que “existe en Nicaragua una especie de corrupción generalizada”, no es ajena a la realidad que vive el resto de países latinoamericanos. La crisis tampoco es única. Países de tanto arraigo como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y Colombia padecen situaciones muy difíciles, para no hablar de Ecuador, Paraguay, Venezuela, Bolivia y otros, que se encuentran al borde de la disolución.
Veamos el caso de Colombia, con 39 millones de habitantes en un millón de kilómetros cuadrados. Su Producto es de US$76 mil millones (US$1,950 por habitante), el desempleo del 20%, la deuda externa de US$32 mil millones (US$820 por habitante), las exportaciones de US$10.8 mil millones (US$277 por habitante), de las cuales el petróleo es el 34% ($3.7 mil millones).
El vicepresidente Bell, lanzó el año pasado el “Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción”, de donde surgió el Proyecto “Probidad”, impulsado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (CONFECÁMARAS) y la Fundación Corona.
Los empresarios privados colombianos, meritoriamente, iniciaron así, un estudio sin precedentes en América Latina, que reveló cómo negocian con el Estado algunos de ellos, reconociendo que cometen verdaderos actos de corrupción con dinero del público.
La encuesta reveló que, en Colombia los empresarios pagan 62 millones de dólares anuales en sobornos. Esto representa el 0.1% del Producto.
El 95% de los 419 empresarios consultados aceptó haber tenido conocimiento de actos de corrupción, y una tercera parte admitió que está dispuesta a hacerse “de la vista gorda” ante las prácticas antiéticas; el 95% aceptó que se debe pagar una ‘mordida’ sobre el valor total del contrato para garantizar que éste les sea adjudicado; un 44.2% sostiene que el funcionario público exige las “comisiones” sobre los contratos, mientras un 7% reconoce que la ofrece; el 38% dice que sabe de antemano lo que deberá pagar.
Un empresario reconocido como ejemplar por denunciar a un funcionario que lo sobornaba para adjudicarle un contrato, dijo que lo hizo “porque se le fue la mano (se extralimitó) en la comisión que exigía, el 20%, pues con 10% era suficiente”.
Para el presidente de CONFECÁMARAS, don Eugenio Marulanda, no se puede descartar la posibilidad de una relación entre la crisis económica y la de ética empresarial.
Los empresarios que dijeron capacitar a su personal en estándares de ética empresarial son, en gran mayoría, pequeños y medianos, pues son los más golpeados por la situación económica. Sin embargo, éstos reconocen que ante las “coimas”, se hacen los de la vista gorda y las ignoran, cuando se trata de sobrevivir
Según el Contralor General de la República, don Carlos Ossa, los contratistas que desfalcan al Estado son admirados y existe la idea de que robar dineros públicos no es delito.
Más recientemente, otra encuesta, de la firma “Forum y Yankelovich”, distribuida durante el foro “Perspectivas Económicas y Etica Empresarial”, revela que el 34,8 por ciento de los empresarios considera que el sector privado corrompe al público, mientras el 64,6 sostiene que es el sector público el que corrompe al privado.
Los empresarios admiten su parte de culpa en este fenómeno de la corrupción; el 23% reconoce que ha tenido conocimiento, admitido, tolerado o cometido comportamientos antiéticos en su empresa, mientras el 65% reconoce ha tenido conocimiento dentro de su organización de un acto no ético; sólo un 8,4 por ciento admite que negoció sus principios éticos para obtener un contrato; el 95% reconoció un efecto de la ética sobre el desarrollo económico y el 76 por ciento respondió que hay una clara relación entre la crisis del país y la ética empresarial.
Una práctica generalizada de las empresas privadas contratistas colombianas es la de ofrecer “atenciones” a los funcionarios públicos, lo cual la resta transparencia a sus relaciones. Dichas atenciones, pagos no oficiales, pueden inclinar la balanza de quienes deciden sobre una licitación, contrato o adjudicación o una medida. Más de la mitad de las empresas consultadas gastó entre 30 y 60 mil dólares en atenciones a empleados públicos. El ex-director de una Institución Pública, tuvo que renunciar al cargo el año pasado cuando se reveló que funcionarios de su entidad recibían cursos de inglés costeados por un laboratorio y que otros estuvieron en un balneario por cuenta de una casa farmacéutica.
Ambas encuestas se conocieron en momentos en que el Presidente Conservador Andrés Pastrana, Fellow de la Universidad de Harvard, propone una gran cruzada contra la corrupción, que comprende la revocatoria del Congreso, considerada la Institución más corrupta de Colombia y, la aplicación de sanciones e inhabilitación para los funcionarios públicos y contratistas privados que defrauden al tesoro público.
Una de las conclusiones de las encuestas es que la lucha contra la corrupción y las prácticas no éticas en las contrataciones con el Estado pasa por el diseño de mecanismos transparentes, apoyados por los mismos empresarios privados, mediante reglas claras para todos los participantes y por una asesoría externa que revise los pliegos de licitación, las adjudicaciones y le dé seguimiento a la ejecución de los contratos.
Otra conclusión es llamar a los empresarios a crear una cultura de denuncia y castigo de la corrupción, sin temor a las represalias de las entidades públicas contratantes.
El autor es consultor económico y financiero
e-mail: [email protected]</i