HUMBERTO MEZA
La controversial iniciativa de ley para el acceso ciudadano a los documentos públicos sufrirá cambios, aunque no sustanciales, según el criterio del Comité Nacional de Integridad.
Haydée Acosta, directora ejecutiva del organismo adscrito a la Vicepresidencia de la República, admitió ayer que aceptarán modificar los procedimientos que propone el borrador de la ley para que un ciudadano demande el acceso a los documentos oficiales, pero no las restricciones que la misma ley propone.
“Las restricciones que están aquí establecidas son limitaciones lógicas para la salvaguarda del país. Así lo tiene establecido el acta de Estados Unidos y otras leyes existentes, según estudios de derecho comparado”, subrayó.
El Comité de Integridad presentó a inicios de la semana pasada, dos borradores sobre la base de una iniciativa propuesta por organizaciones periodísticas (el Instituto de la Comunicación –INCO– y Fundación Chamorro), pero que en términos generales alteraba el proyecto original al contemplar limitaciones y trámites burocráticos para que cualquier ciudadano pueda acceder a los documentos públicos.
El borrador nueve tipos de documentos que no se pueden entregar.
Para obtener el resto, el borrador propone una serie de trámites, como un juramento firmado por el ciudadano especificando que no usará el documento para otro fin que no haya sido autorizado.
“La razón del juramento es para salvaguardar el buen uso del documento. Suponga que yo pida la declaración de probidad de algún funcionario público, tengo que decir para qué la quiero, porque puedo ser un secuestrador y pudiera no usar la información para fines lícitos. Por eso es la necesidad de explicar”, apuntó Acosta