- ¿A quién corresponde acusar a los corruptos? ¿A las instituciones señaladas por la
Constitución y las leyes para hacer esa labor, o a los simples ciudadanos, indefensos y atemorizados de muchas maneras por los poderes públicos?
Mario Alfaro Alvarado
Pareciera que en este país se vive una vida virtual, como la que reflejan los espejos, y no una vida real con su pesada carga de abusos y temores. Nadie parece dispuesto a decir lo que piensa y cree y escapa por la vereda del quite, diciendo lo contrario de lo que piensa y cree.
¿Qué se esperaba que sucediera en el encuentro en Washington, donde se volvió a repetir el mismo discurso, las mismas promesas, las mismas disculpas, las mismas falacias?
Pero el “hombre” jugó su juego, dijo en Managua lo contrario de lo que había dicho en Washington y volvió, “como la burra al trigo”, a su tema favorito: la Constituyente, el disfraz reeleccionista. Intentó sepultar en el olvido al escándalo de los “checazos”. Pero en este caso el delito por colosal es inocultable. ¿Cómo aceptar que unos cuantos cheques furtivos hayan producido tanto dinero, como para comprar un lujoso apartamento en Miami que vale más de un millón de dólares?
Sin embargo, ¿quién efectuará la investigación que conduzca, sin hesitación, a identificar a los culpables para llevarlos ante los tribunales de justicia?
Hasta la alta jerarquía de la Iglesia ha caído en el sofisma de que para hablar de la corrupción en el gobierno hay que demostrar que existen corruptos, que hay que presentar pruebas. Ingeniosa manera para eludir la responsabilidad de la justicia de perseguir a los culpables. ¿A quién corresponde por la ley acusar a los corruptos, a las instituciones señaladas por la Constitución y las leyes para hacer esa labor o a los simples ciudadanos, indefensos y atemorizados de muchas maneras por los poderes públicos?
Imaginémonos que en el Chicago de los años 20 hubieran nombrado a Al Capone fiscal de la ciudad para que investigara a su propia pandilla de malhechores. ¿A cuántos hubiera llevado ante los tribunales de Justicia? Pues valga el símil en nuestro viciado sistema de justicia, que lejos de enjuiciar a los grandes delincuentes de la administración, los encubre y protege y hasta amenaza a los medios de comunicación y a los periodistas por denunciar los hechos delictuosos ante la opinión pública.
En la DGI nombraron a quien hiciera lo que ha estado haciendo desde que llegó al cargo. Lo sabía el que lo nombró y muchos en el gobierno lo sabían. Hasta que el abuso con las rentas del Estado desbordó todos los linderos de la complicidad y estalló el escándalo.
En el mismo escenario pero como en otra dimensión, están los que creen en la acción salvadora de un diálogo. ¿Qué pasó con los 112 acuerdos “consensuados” en el diálogo de 1997 y publicados en un libro de 120 páginas? ¿Qué es lo que se puede sacar de un diálogo más con este gobierno, las mismas promesas con otro lenguaje? ¿Quién garantizará que un nuevo diálogo no será una versión modificada del diálogo de 1997 con iguales resultados?
Un siglo de gobiernos monocráticos represivos, han colectivizado en el pueblo un temor supersticioso hacia el poder. Temor que no evaden ni las altas clases sociales. El pueblo no demanda -aunque le digan que tiene ese derecho constitucional- se limita a suplicar; no protesta porque lo llamarían antipatriota; no dice la verdad, porque al poder le gustan las mentiras hermosas; simula sumisión, porque así alienta la ilusión de vivir en una democracia. De manera que cuando el mando supremo llama al diálogo, todos, atemorizados, se sienten obligados a obedecer.
El temor de los que quieren diálogo es que si le quitan la ayuda exterior al país, la propaganda oficialista los señalará como culpables. Hay que convencerse que la ayuda no depende de la voluntad del pueblo, sino de que el gobierno cumpla todos los compromisos que ha contraído con los países que aportan el dinero. Si el gobierno no cumple sus compromisos, los donantes pueden reducir o suspender la ayuda. ¿Qué culpa tiene en ello este pueblo victimado por la corrupción y la ineptitud gubernamental?
Es tan poco lo que el pueblo aprovecha la caridad internacional que los efectos de la reducción o supresión de la ayuda, no hará mucha diferencia en los que sólo comen una tortilla, cuando comen. En cambio, lo sentirán mucho los que aprovechan la ayuda para vivir en la opulencia.
No hay que disfrazar la realidad con subterfugios, porque lo que está derecho a la luz de la razón, derecho seguirá por más que lo tuerzan para crear falsas expectativas con un diálogo.
El autor es periodista