- Esta Misión tiene el objetivo básico de «explorar, con el Gobierno del Perú y otros sectores de la comunidad
política (léase con la oposición),
opciones y recomendaciones dirigidas a un mayor fortalecimiento de la
democracia en ese país
Federico Dueñas de la Peña
La OEA pareciera que se enfila a tomar una actitud ejemplar ante sus compromisos de democratización en nuestro continente, tal es el caso del desenmascaramiento de la farsa montada por Alberto Fujimori para perpetuarse en el poder en el Perú.
Es evidente y palpable la derrota de la imagen de Fujimori ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) recientemente celebrada en Windsor (Canadá). La delegación fujimorista, encabezada por el canciller Fernando de Trazegnies, intentó que el envío de la Misión de Alto Nivel aprobada ocurriera después del 28 de julio, para presentar hechos consumados, sin conseguirlo.
El bloque fujimorista trató infructuosamente de que se borrara el segundo considerando de la Resolución, que dice: «Preocupados de que la credibilidad del proceso y del resultado de estas elecciones continúan siendo menoscabados por persistentes informes de irregularidades que no se han examinado satisfactoriamente, incluidos los problemas del proceso electoral en sí y las deficiencias institucionales existentes». La delegación peruana exigió que la Misión informase del resultado de sus gestiones al Consejo Permanente de la OEA, lo que tampoco se aceptó, pese a contar con el apoyo de México, pues el informe será presentado a nivel de Cancilleres.
En lo que el canciller Trazegnies obtuvo cierta razón “diplomática” fue en la aceptación de que la Misión de la OEA «viene a “invitación” del gobierno peruano». ¡Por favor! Interprete el lector el sentido especial que adquiere aquí la palabra “invitación” en el intrincado lenguaje diplomático. Esto era lo menos que podía esperarse, pero tampoco estaba el cuestionado gobierno del Perú en posición de rechazar la presencia de la OEA.
Esta Misión tiene el objetivo básico de «explorar, con el Gobierno del Perú y otros sectores de la comunidad política (léase con la oposición), opciones y recomendaciones dirigidas a un mayor fortalecimiento de la democracia en ese país, en particular medidas para reformar el proceso electoral, incluidos la reforma de los tribunales judiciales y el reforzamiento efectivo de la libertad de prensa». De hecho ya hay, con la presencia de esta Misión, sanciones evidentes y desde el mismo momento en que la OEA no reconoce como válidas las elecciones del pasado 28 de mayo en donde Fujimori derrota a su contrincante con fraudes que fueron desenmascarados por los observadores internacionales, incluidos los de la misma OEA.
El Gobierno de Fujimori pretendió vender la imagen de que aquí “no pasa nada” a la OEA. El Gobierno se precia de no haber recibido sanciones. Pero la resolución No. 1080 no es un mecanismo sancionador, sino detector de atentados contra la democracia en la región. Que la Asamblea General de Windsor estuviera convocada de antemano no debe distraer de que la reunión estuvo dedicada en concreto al caso de la democracia peruana. Es decir, la No. 1080 efectivamente sí funcionó.
La misión tomó nota del informe de Eduardo Stein, y podrá añadirle su propio acopio de evidencias sobre el terreno. Su otro papel será convencer al gobierno de que la comunidad hemisférica no es ciega, y que espera una efectiva rectificación de lo cometido en el pasado proceso electoral. Esto es algo que podría terminar en una demanda de nuevas elecciones, como sucedió en República Dominicana en los años 90.
No cabe duda de que la OEA está demostrando su profunda preocupación porque en nuestro suelo latinoamericano la luz de la democracia brille en beneficio de todos los ciudadanos, para que se evite la incrustación de poderes despreciables que sometan a la población en único beneficio de una cúpula excluyente.
El autor es Administrador de Empresas