- Uno de sus hijos trabaja en la DGI
y es el responsable de librar
las notas de crédito - Asegura que esperará que el juez
culmine su investigación y determine si hay evidencias de presunción penal
JANELYS CARRILLO [email protected]
Será hasta que el juez suplente Walter Solís determine si Byron Jerez y Jorge Solís perpetraron daños al Estado, que la Procuraduría General de Justicia dirá si se siente ofendida por la actuación de ambos funcionarios.
Así lo declaró el titular de la Procuraduría General de Justicia, Julio Centeno Gómez, uno de cuyos hijos labora en la Dirección General de Ingresos (DGI), y una de las instituciones involucradas en el sonado caso de los checazos.
Durante su comparecencia ante el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen, Centeno aseguró que la denuncia presentada por Rafael Córdoba Alvarez contra Jerez y Solís, no es clara y más bien “confunde”.
Como se sabe, Jerez y Solís, ex director General de Ingresos y ex gerente general de PETRONIC, respectivamente, son procesados por los procedimientos irregulares adoptados en las compras y en la emisión de notas de créditos que, presuntamente, para el Estado representan un daño económico hasta por más de seis millones de córdobas.
La auditoría realizada por la Contraloría General de la República destaca la admisión sobre la falta de control que se lleva en la DGI, por parte del licenciado Sergio Centeno Caffarena, actual director de Grandes Contribuyentes de la DGI e hijo del Procurador.
Desde su cargo, Centeno Caffarena es el responsable de librar las notas de crédito a las empresas que lo solicitan. Dicho funcionario confirmó a los auditores de la Contraloría que “no llevan ningún tipo de control manual en donde se anoten las órdenes de emisión de notas de crédito”, según reza el informe de la Contraloría.
En su calidad de representante del Estado de Nicaragua, el Procurador Centeno Gómez fue llamado a declarar por el judicial Solís, sin embargo, el funcionario se limitó a descalificar la denuncia de Córdoba y otros ciudadanos contra Jerez y Solís, “porque denuncia una situación que no tiene un perfil jurídico definido”.
PROCURADOR SIN RESPUESTA CATEGORICA
“Solicito que aclare que sobre estas personas (Jerez y Solís) el Estado de Nicaragua de alguna manera se siente ofendido, hago la pregunta para que su respuesta sea específica”, requirió el Juez Solís a Centeno.
Por respuesta, el Procurador expresó: “No puedo darle una respuesta categórica… por un lado se encuentra el informe de la Contraloría con todo el valor jurídico que conlleva, y por otro lado está la denuncia que se investiga que tampoco ha concretado nada al respecto, por lo que me parece que la posición objetiva y seria de la Procuraduría es esperar los resultados de la investigación”.
De acuerdo a Centeno, la denuncia contra los ex funcionarios públicos da lugar a confundir entre los daños propiamente señalados por el Código Penal y los daños y perjuicios causados en la propiedad y objetos en la propiedad a particulares.
En su declaración, el funcionario llamó “súper organismo institucional” a la Contraloría General de la República, que eximió de responsabilidades penales a los ex directores de Ingresos y Telecomunicaciones y sólo determinó otras de tipo administrativo.
“Esta Procuraduría, consciente de la necesidad de esperar la investigación exhaustiva del juzgador para determinar si existen evidencias del delito y la responsabilidad de quien los hubiere cometido, manifiesta que estará atenta a este procedimiento para en el momento que el señor juez señalara o no evidencias.
PEDIRAN SOBRESEIMIENTO PARA JEREZ
“De ser ciertas que las hubiere, establecer sentirse ofendido por cualquiera de las personas que pudieran resultar culpables”, dijo el Procurador.
Por la tarde, la Procuraduría se plegó a la posición del abogado defensor de Jerez, Mauricio Martínez, al considerar valedera su tesis de que como la causa menciona a los miembros del Consejo Superior de la Contraloría, su tramitación debe paralizarse porque los funcionarios del ente fiscalizador gozan de inmunidad.
En ese sentido, la procuradora penal Carolina Vásquez Mejía, quien desde el principio se personó en el caso, coincidió con el abogado Martínez al abogar porque lo actuado hasta ahora pase a conocimiento de la Asamblea Nacional y así no “dividir la continencia de la causa con el fin procesal de evitar resoluciones contradictorias”.
Por su parte, en declaraciones a los periodistas, Martínez dijo que la posición del Procurador Centeno ”es correcta” y que después de eso pedirá al Juez de la Causa el sobreseimiento definitivo para su cliente.
Abogados como Bismarck Quezada, calificaron como “lamentable” el papel que el Procurador Centeno está representando al decir que el Estado no se siente ofendido por las actuaciones de Jerez y Solís.
“Queda demostrado una vez más que la Procuraduría General de Justicia es oficialista, pro gobiernista y no defiende los intereses de la sociedad”, declaró Quezada, al apuntar que los artificios de los abogados defensores persiguen alargar el juicio para que con el tiempo la gente se olvide de los checazos.