- Contraloría podrá pedir el apremio corporal a funcionarios sin que medie la Procuraduría
- Fracasa iniciativa para que no prescriban casos en diez años
Humberto [email protected]
La Asamblea Nacional suspendió ayer las prohibiciones de la Contraloría General de la República para auditoriar empresas de Sociedad Anónima, en las que existe participación estatal, al aprobar una reforma orgánica que le amplia las facultades de investigación.
Aunque la ley obtuvo el consenso de todas las bancadas para su aprobación, la reforma orgánica enfrentó a los diputados al determinar la cantidad de años necesarios para prescribir la comisión de un delito contra la administración pública.
De acuerdo al sector sandinista, la Contraloría debería tener facultades para investigar la comisión de delitos ocurridos diez años antes, contrario a la posición oficialista que prefirió mantener el actual período de cinco años para la prescriptibilidad.
Para el directivo sandinista de la Comisión de Justicia, Nelson Artola, la idea de continuar considerando el período de cinco años como suficiente para que una acción prescriba, ayudaría a los actuales funcionarios de la administración liberal, escudarse en el tiempo para no enfrentar futuras acusaciones.
Pese al controversial debate, la iniciativa liberal se aprobó con un respaldo de 42 votos, bajo el argumento de que la entidad fiscalizadora tiene suficiente capacidad para efectuar las auditorías aún después de cinco años.
“Cuando esta ley orgánica se hizo, ellos mismos establecieron el período de los cinco años para al prescriptibilidad y una Contraloría bien organizada ha demostrado que puede hacer un buen trabajo en ese período”, refutó el jefe del sector liberal Dámisis Sirias.
NO HABRÁ NECESIDAD DE PROCURADURÍA
La reforma orgánica a cincuenta artículos de la ley otorga facultades a la institución fiscalizadora para requerir el apremio corporal contra un funcionario, sin auxilio de la Procuraduría General de Justicia, por lo que la Contraloría podrá recurrir directamente ante un juzgado.
El auxilio policial será usado incluso para obligar a los funcionarios salientes y entrantes a rendir sus respectivas declaraciones de probidad.
“Además aquí ya no va a existir el problema del sigilo bancario. Le estamos dando facultades al Consejo Superior para que pueda proceder y no se nos presenten obstáculos como el de Byron Jerez, cuando la CGR aducía que no podía profundizar porque no tenía facultades para meterse a las cuentas bancarias”, agregó Artola.