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El magistrado Carlos Guerra confesó que no conoce a fondo el texto pero también arremetió contra el mismo porque desde su punto de vista quienes participaron en su elaboración fueron consultores que no se movieron de sus escritorios. “Debemos apoyar el cambio pero realmente sólo nos vienen a vender un producto y quieren que digamos: sí”, apuntó.
Guerra no está de acuerdo en que en aras de la homologación de la legislación se recurra a la copia, porque nuestra cultura no es así. “Creo que más que todo podría ser un acto servil (para con Estados Unidos), de algunos que tratan de interpretar el pensamiento del Norte”, aseveró.
Señaló que el presunto “servilismo” se refleja en el documento, pero planteó que la última palabra la tienen la CSJ y el Parlamento que harán un examen minucioso de su contenido.
Dijo que siendo diputado, al inicio de la elaboración del proyecto se acordó que sería una comisión de alto nivel la que lo elaboraría, pero después “los señores de la Universidad de Florida ganaron la licitación para dar la asesoría” y lo redactaron.
Lamentó que el trabajo del borrador del Código Procesal Penal no haya sido similar al del Código Penal que se llevó en consulta a toda Nicaragua, y que por “celos profesionales” ahora digan que es deficiente.
Pero todo parece indicar que las “deficiencias” las tiene el borrador del Código Procesal por falta de consulta, según Guerra, quien confía en que las carencias pueden ser corregidas una vez que la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento le pongan la mano y hagan las consultas pertinentes.
El ex diputado dijo que hubiera preferido que la CSJ haya sido consultada antes de redactar el borrador y aunque no expresó quiénes lo hicieron, aseguró que cuando la Sala Penal parecía que lo conocería “pararon las intervenciones”.