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Uno de los Cayos Perlas que están a media hora en lancha del poblado de Laguna de Perlas, en la Región Autónoma Atlåntico Sur.

Cayos Perlas son del Estado

Diputado sostiene que según el Código Civil, las Islas y Cayos son considerados “cosas públicas” Peter Tsokos no responde a preguntas de LA PRENSA Amalia Morales [email protected] En apariencia, ante las leyes del país, el Estado es el legítimo dueño de los Cayos Perlas, que se localizan en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), […]

  • Diputado sostiene que según el
    Código Civil, las Islas y Cayos son considerados “cosas públicas”
  • Peter Tsokos no responde a
    preguntas de LA PRENSA

Amalia Morales [email protected]

En apariencia, ante las leyes del país, el Estado es el legítimo dueño de los Cayos Perlas, que se localizan en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), los cuales desde hace dos semanas son escenario de un conflicto de propiedad entre indígenas de la zona y un inversionista de origen griego.

El Código Civil establece en su artículo 642 que “las islas que se forman en los mares adyacentes a las costas de Nicaragua y en los ríos navegables y flotantes, pertenecen al Estado”.

Al margen de este artículo del Código Civil y mediante una transacción de compra-venta el extranjero Peter Tsokos, de origen griego, adquirió hace cinco años siete de las 18 islas que constituyen los Cayos Perlas.

Jorge Samper, abogado y diputado, considera que para establecer el dominio y el derecho de propiedad sobre el archipiélago en disputa, es más claro el artículo 642 del Código Civil que el 10 de la Constitución, que fija los límites de la “soberanía nacional”.

Samper, a quien le parece delicado el caso, explica que es el Estado quien administra el derecho de los ciudadanos al “gozo” de esos bienes

El diputado, explica que esto se expone mejor en el artículo 611 del Código Civil, donde se califican como “públicas las cosas naturales o artificiales, apropiadas o producidas por el Estado o corporaciones públicas”.

En esta definición de “cosas públicas” caben “las aguas saladas de las costas, marismas, ensenadas, bahías, ríos y lechos de los mismos”.

Respecto a la legalidad de la compra que hizo el griego Peter Tsokos, el diputado es mesurado en su exposición, sin embargo, basado en los artículos citados del Código Civil dice que la potestad para “gozar” o “usufructuar” ese bien natural la tiene la autoridad municipal.

Sin embargo, en la historia registral de la compra de esos siete Cayos no consta ninguna autorización del Concejo. Al contrario, fue precisamente el gobierno local el primero en protestar por la adquisición del griego.

Tsokos, en días pasados aseguró que adquirió esas propiedades con sus correspondientes títulos de propiedad, sin embargo, la abogada María Luisa Acosta, quien trabaja para el Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, dice que en el registro de Bluefields no encontró constancia de tales documentos.

La existencia de estos títulos sobre esas propiedades es todavía un punto oscuro en la historia de los Cayos Perlas, porque se supone que se concedieron al amparo de la ley “de censo, amojonamiento de comunidades indígenas y terrenos de 1914”.

Sin embargo, en el compendio de leyes de Nicaragua de 1914 no aparece la creación, sino la derogación de esa Ley, que en realidad se creó en 1906 y desapareció seis años más tarde.

A juicio de Samper la derogación es clara y deja sin validez tales títulos de comprobarse su existencia.

Igualmente, esos supuestos títulos de propiedad quedarían inválidos ante los artículos 642 y 611 del Código Civil que se promulgó en 1904.

w Griego no responde

Ayer LA PRENSA intentó comunicarse vía correo electrónico con el griego Peter Tsokos, pero no contestó. Dos mensajes se le enviaron en el transcurso del día, a las direcciones: [email protected] y [email protected], que fueron suministradas por él mismo a editores de este rotativo.

Días anteriores Tsokos había entablado comunicación para dar su versión sobre la compra, sin embargo, a las nuevas interrogantes que surgieron no respondió.

La legislatura anterior no dejó clara la situación de los territorios indígenas, la que sería aclarada con la aprobación de leyes que ahora descansan el sueño de los justos en el Parlamento, tal es el caso de la Demarcación de los Territorios Indígenas, la Ley de Fronteras y el reglamento a la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica.  

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