- No ejercieron su derecho a elegir porque no notificaron su cambio de domicilio después del huracán Mitch
- La gente estaba airada porque deseaban votar y tuvo que intervenir el CSE, Etica y Transparencia y la Policía
Moisés Martínez
Momentos de tensión se dieron en el Barrio Nueva Vida, ubicado en el Municipio de Ciudad Sandino cuando aproximadamente cien personas protestaron frente a la Junta Receptora de Votos número 0563, ubicada en la Iglesia Verbo del mismo lugar.
El suceso ocurrió porque los pobladores fueron impedidos de votar por los miembros de la JRV. La razón era que muchos de los votantes no notificaron su cambio de domicilio ocurrido durante su reubicación en la zona a raíz del huracán Mitch.
Ricardo Tapia, delegado departamental del Consejo Supremo Electoral (CSE), en el Municipio de Ciudad Sandino, explicó que varios de los pobladores no aparecían en el padrón electoral de la JRV, y que tenían que votar en su domicilio anterior. “Nosotros estamos para cumplir la Ley Electoral. Sólo somos jueces en este juego político”, expresó.
Azucena Marchena, pobladora del lugar, acusó al CSE de obstaculizarles su derecho al voto. “Yo presenté mis documentos. Tengo derecho a votar aunque sea con esa colilla que fueron a dejar, a mí no me importa que me retengan la cédula ya que todos tenemos derecho a votar. Me voy a quedar sin votar”, exclamó airada. La Policía estuvo presente en el lugar de los hechos, pero afortunadamente no pasó a más.
Etica y Transparencia medió
El grupo cívico Ética y Transparencia estuvo presente en los sucesos del Barrio Nueva Vida y actuó como mediador en el conflicto.
* Lorena Lizcan, coordinadora municipal de dicha organización, explicó que era preciso negociar para poder darle una respuesta a las personas. No obstante, llamó la atención del Consejo Supremo Electoral por la falta de control en esa zona en particular.
* “Mucha gente no va poder votar en esta junta debido a que son damnificados del huracán Mitch y no pudieron notificar el cambio de domicilio. El problema es que no hay una revisión del Consejo para poder flexibilizar los términos de ley en estos casos”, explicó.