Recientemente en un viaje por Peñas Blancas, frontera sur, tuve la oportunidad de presenciar los trámites migratorios de un grupo de personas, nacidas en Nicaragua, pero presentando para el ingreso a Nicaragua pasaportes costarricenses, ya que años atrás se habían nacionalizado en esa hermana república.
A estas personas, las autoridades migratorias de Peñas Blanca los consideraba como “extranjeros” (a pesar que presentaban “cédulas” nicaragüenses) obligándolas a pagar determinada suma de dinero para el ingreso al país que los vio nacer. ¿Serán extranjeros esos nicaragüenses o seguirán siendo víctimas de tal arbitrariedad?.
La Constitución de Nicaragua, que para algunos funcionarios públicos tiene un valor inferior al de papel periódico, dice textualmente: Arto. 20. “Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”. Y el arto. 16, dice: Son nacionales, los nacidos en el territorio nacional…
Esas disposiciones son tan claras que cualquiera que hable castellano, y no sea un dictador en potencia comprende sus lecturas y alcances, pero uno de esos viajeros, arbitrariamente tomados como extranjeros, no sólo se quejaba de esa interpretación delictiva, sino que manifestaba que había escrito hacía cuatro meses al Ministerio de Gobernación y al jefe de Migración de Nicaragua, y que ninguno de esos dos altos funcionarios había tenido la cortesía de contestarle, a pesar que el Arto. 36 de la Constitución señala: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley.
De acuerdo a ese artículo constitucional serán delincuentes los atrás mencionados funcionarios públicos que han sometido a tortura psíquica a esos nicaragüenses.
Veremos si contestan o callan porque el hablar es más peligroso que el silencio. Pondrían en evidencia sus delitos.
Dr. Ricardo Duarte Moncada.