- El otrora ingenio debe presentar sus alegatos contra el reparo fiscal de 115 millones de córdobas, a más tardar el 21 de enero
Mario José Moncada [email protected]
La tenaza que el Gobierno mantiene sobre Agroindustrial Azucarera, S.A. (Agroinsa) no se afloja. El director general de Ingresos, Róger Arteaga, confirmó que los representantes de la empresa tienen hasta el 21 de enero para presentar oficialmente sus alegatos sobre el reparo fiscal de 115 millones de córdobas, impuesto al otrora ingenio.
Ayer, los representantes de Agroinsa se reunieron con los funcionarios de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la DGI, como parte del proceso administrativo que se debe seguir, para validar o no el reparo que incluye el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (IR) entre el 2001 y el 2002.
El asesor fiscal de Agroinsa, Teódulo Báez, indicó que asistieron a la reunión “para desvanecer el reparo”, impuesto desde el 20 de diciembre recién pasado.
“Vamos a entregar a más tardar el próximo lunes de manera detallada todos los documentos probatorios, algunos de los cuales ya hemos entregado (a la DGI), de que ese reparo no tiene razón de ser”, aseguró.
EL PLEITO
Desde junio de 1999 el Gobierno y Agroinsa mantienen una disputa legal por el pago de una póliza de seguro por parte del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), luego que el otrora ingenio demandara a la aseguradora que se resiste a pagar la póliza.
El 7 de marzo de 1999 ocurrió en el Ingenio Victoria de Julio, en Tipitapa, un accidente, producto del cual se dañaron tres generadores de energía propiedad de Agroinsa, quien presentó un primer reclamo por daños a la maquinaria de 1,128,000 dólares, el cual aumentó a dos millones 22 mil 378 dólares, y luego subió a 4,183,000 dólares, hasta llegar este año a 7,000,000, más otro tanto por las costas del juicio.
Los representantes de Agroinsa han afirmado que la decisión de la DGI, de imponerles un reparo es “terrorismo fiscal”, pero el titular de la entidad sostuvo que “no hay nada de eso”.
Arteaga señaló que Agroinsa no declaró en el 2002 la posesión de activos, entre ellos equipos y maquinarias, que sí habían declarado en el 2001. “La pregunta es dónde están esos activos, y si los vendieron tienen que pagar los respectivos impuestos”, dijo.
Pero Báez dijo que si así fuese, la venta de bienes inmuebles estaba exenta de pagar el IVA, pero además mucha de esa maquinaria “ahí está destruida y los repuestos se usaron”.
Arteaga dijo que el reparo tiene que seguir un proceso administrativo e incluso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero recordó que “la ley demanda hasta prisión si alguien cobra un impuesto y no lo entera a la DGI.