Texto/Moisés MartínezFotos/Manuel Esquivel [email protected]
Las promesas en “papel mojado” de los políticos de la zona del Triángulo Minero y un completo desinterés de las autoridades regionales y centrales por llevar a cabo una efectiva demarcación territorial en la zona del Atlántico, son las causas por las que actualmente el plomo y el machete sustituyeran a las negociaciones en el conflicto por la tierra en la comunidad de Layasiksa
SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA.- Nuevos elementos entraron violentamente a formar parte de la historia sobre la defensa del territorio de Layasiksa por los indígenas miskitos que lo habitan. Como un rompimiento del preámbulo bélico advertido por LA PRENSA en su edición de ayer, los miskitos decidieron enfrentar un hecho ilegal con otra acción ilegal.
Ahora, los ecos de los disparos y el humo de las cabañas quemadas son como un preludio de una nueva etapa de violencia en las zonas de los cerros Rau, Wastingni, Wilwil y Winko Prukan luego que los miskitos de Layasiksa decidieran sacar por la fuerza a unas 40 familias de campesinos que ingresaron a las tierras de esa comunidad para asentarse.
Como una zarza venenosa que crece cada día más por descuido del jardinero, las raíces de estos conflictos por la tierra en la Costa Atlántica son varias y complicadas. Aunque hay dos que son las más fuertes.
En primer lugar, el oportunismo político de concejales regionales y diputados nacionales, quienes bajo furor de las campañas electorales prometen tierras tituladas para aquellos campesinos que un día entregaron sus fusiles con la esperanza de tener un pedazo de suelo en el cual vivir con su familia.
Luego está la inoperancia de la Ley 445 que es la Ley de Demarcación de Tierras Indígenas del Atlántico, la cual a un año de su aprobación no cuenta con un solo centavo para su implementación.
El caso de la comunidad de Layasiksa, la que actualmente se encuentra atravesando una espiral de violencia por el enfrentamiento entre los indios miskitos y los campesinos, es un claro ejemplo de estos dos factores mencionados.
“Todo eso fue objeto de campañas políticas, toda esa gente fue metida por un concejal del PLC, quien ahora es delegado del Ministerio de Educación en Rosita. Él los incitó a meterse”, afirmó Juan Saballos, presidente del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Saballos se está refiriendo del concejal liberal Reynaldo Blandón Aguilar, un político de la zona que firmó un documento apoyando a los campesinos en su búsqueda de tierras en las cuales asentarse.
Este documento ha sido entendido por los campesinos, en su mayoría desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, como un permiso oficial bajo el cual se han amparado para entrar a las tierras de Layasiksa.
“Este concejal, en mera campaña política, les prometió tierras a la gente y comenzó a meterlos. Entonces el problema se convirtió en un problema entre los liberales y los de la comunidad de Layasiksa”, añadió Saballos.
Blandón Aguilar, quien reconoció ante LAPRENSA que firmó este documento, alegó que lo hizo en apoyo a la necesidad de tierras de los campesinos, pero no como un aval para tomarse tierras.
Sin embargo, señaló que tampoco puede acusarse a los campesinos de tomarse tierras que no les pertenecen, debido a que no existe una clara demarcación territorial de los territorios indígenas.
“Ni los alcaldes saben en dónde pasa su límite territorial y mientras no exista de parte del Gobierno una demarcación territorial, pues nosotros seguimos allí, porque no queda claro si estamos o no violentando algún límite territorial”, reclamó Blandón Aguilar.
“Los miskitos dicen que como son hijos de estas tierras, ellos se van a ir con sus límites hasta donde ellos quieren. Eso no es así. Es cierto que tienen el documento del tratado Harrison-Altamirano, pero no hay legalidad porque no quedan puntos establecidos. Para que eso sea completamente legal tiene que venir la ley de demarcación territorial y defina quién es el dueño de esas tierras”, agregó.
En ese sentido, mencionó también la ausencia de un interés gubernamental para implementar el proceso de limitación territorial establecido en la Ley 445.
“Ya esa ley tiene más de un año y no se ha podido avanzar nada, pero no es por culpa del Consejo Regional, sino del Gobierno central que no se ha preocupado para llevar a cabo está demarcación y son varias las comunidades que están en esa situación, no sólo Layasiksa”, enfatizó.
SOLICITUDES SIN RESOLVER
Hasta la fecha la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT) tiene cuatro solicitudes de comunidades indígenas demandando la legalización de sus tierras en la zona atlántica del país.
Las solicitudes son de las comunidades indígenas de Awastigni, Silkilta, Layasiksa y los mayagnas de Karata, en la zona de la reserva de Bosawas.
Según lo establecido en la Ley 445, la CIDT tiene un plazo de 30 días para estudiar y analizar todas las solicitudes y luego, si fueran aprobadas, pasarlas a la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación para que ésta formalizara la titulación de los terrenos y procediera a la colocación de los mojones para establecer finalmente los límites de las tierras indígenas.
“Ya nos montamos sobre los 30 días que teníamos que haber cumplido las solicitudes y no hay ni un centavo para implementación, ni siquiera el análisis de las solicitudes”, comentó Modesto Frank Wilson, presidente de la CIDT.
De acuerdo a Wilson, ante la imposibilidad de poder trabajar con fondos del Gobierno, la CIDT optó trabajar con el Banco Mundial, pero ciertos cambios en las políticas y el personal de este organismo financiero también ha retrasado el desembolso de los fondos.
“Buscamos a estos organismos financieros que trabajan en cada municipio, para lograr que los procesos de verificaciones sean subsistidos a través de ONG instalados en esos territorios, porque el Estado no tiene responsabilidad ni va a tener”, añadió.
UNA COMISION INOPERANTE
Filimón Delman es el presidente de la Comisión de Ordenamiento y Demarcación Territorial del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Según lo establecido en la Ley 445, esta comisión tiene como función ser los mediadores en casos de conflictos por posesiones o invasiones de tierras (como el caso de Layasiksa) y desarrollar los procesos de demarcación en el campo de los territorios.
Sin embargo, pese a que la Ley 445 ya tiene más de un año de haberse aprobado y existen cuatro reclamos de comunidades indígenas pidiendo una definición de su territorio, esta comisión no ha demarcado ni un centímetro de territorio.
“Estamos con las manos atadas. No podemos resolver ni un conflicto, hasta ahora no se ha avanzado en absolutamente nada. Son varias las comunidades que tienen conflictos y la única forma en que nos hemos dado cuenta es porque sus representantes vienen a nuestras oficinas”, reconoció Delman.
La razón de esta inoperancia es simple y sencillamente la falta de dinero. De acuerdo a Delman, la comisión no tiene asignado ni un centavo para llevar a cabo el proceso de demarcación.
“No tenemos para costear los viajes a las zonas en conflicto. En esos viajes son varias las personas que tienen que ir como mediadores profesionales para ambos lados en conflicto. Además, hay que llevar mapas de manejos, sociólogos, antropólogos, equipos, transporte, y eso no podemos hacerlo porque esta oficina no tiene asignado un presupuesto para su funcionamiento”, alegó Delman.
De acuerdo a los cálculos de Delman, se necesitan entre siete a diez millones de dólares para poder llevar a cabo un completo y efectivo proceso de demarcación de las tierras indígenas.
“Al Gobierno central le correspondería asignarle al Consejo Regional los fondos para el funcionamiento de esta oficina, pero eso no ha ocurrido desde que se aprobó la ley”, agregó.
La misma ausencia de fondos ocasiona que las mismas comunidades indígenas desconozcan los detalles de la Ley 445, ya que desde su aprobación no se ha impartido ni un solo taller de capacitación sobre ésta.
CONCEJALES DEFIENDEN A POLÍTICOS OPORTUNISTAS
El funcionario reveló que manejan información sobre políticos regionales de las comunidades que se encuentran en conflicto, que prácticamente están azuzando a los campesinos para que se tomen las tierras con la promesa de que les serán tituladas si son elegidos en las próximas elecciones municipales.
Incluso, de acuerdo a Delman, algunos miembros del Consejo Regional de la RAAN defienden a estos políticos, pero no quiso revelar nombres, aduciendo que aún están recopilando información al respecto.