- Un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) —un organismo no gubernamental— ubica a la Policía con avances importantes de institucionalización, en relación a los otros cuerpos policiales del istmo, tras lo que denominan las reformas en las fuerzas policiales y que han sido implementadas en los últimos años
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La reforma policial debe ser un proceso de mediano o largo plazo y no debe involucrar solamente a la estructura policial sino al Estado para que se haga responsable del papel desempeñado por esta institución y asuma sus funciones proporcionándole las condiciones que le permitan poner en práctica las reformas.
Esto es parte de las recomendaciones que ofrece el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), en un estudio realizado sobre la importancia de las reformas en la Policía de la región y en particular, en Nicaragua.
En el análisis el IEEPP señala que el Estado debe asumir el tema de la seguridad como una prioridad. Las políticas de seguridad pública deben reconocerse como políticas integrales, que le permitan enfrentar el fenómeno de la violencia de manera preventiva tomando en cuenta el campo educativo, social el funcionamiento policial y judicial, así como la importancia de la participación comunal.
El análisis de ese organismo sobre las reformas policiales, ocurre en momentos en que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma de la Ley 290 en la que contempla, entre otras cosas, centralizar directamente el mando de la Policía junto al del Ejército.
El estudio presenta una panorámica de las reformas al sector policial en Nicaragua, sus orígenes, y el contexto en que se desarrolla la institución policial desde su formación en 1979 como Policía Sandinista hasta la actualidad como Policía Nacional, que conllevó todo un proceso de despartidización de la institución, la creación de un nuevo marco jurídico institucional, la misión, visión y nuevas funciones asumidas, la subordinación al poder civil, su estructura y organización, entre otros.
El estudio sobre el proceso de reforma en el sector policial en Nicaragua, tuvo la intención de contribuir a ampliar los estudios sobre ese tema, debido a la falta de datos e investigaciones confiables y actualizadas.
En este período denominado por IEEPP como de reformas policiales, pasó del concepto de seguridad que en Nicaragua se refería a la protección de la soberanía y el territorio de un Estado ante amenazas externas o internas, al de nuevas concepciones de seguridad que colocaba al ser humano como sujeto principal.
POLICÍA LOGRA INDEPENDENCIA
La especialista del IEEPP, Denisse Guevara, a cargo de la investigación, recordó que las reformas en los cuerpos policiales en Centroamérica, al igual que en Nicaragua, fueron promovidas desde el Estado y desde las instituciones.
A su criterio, Nicaragua tuvo la ventaja de que logró la independencia, que aún no se observa en el resto de fuerzas policiales de la región.
Guevara insiste en que pese al profesionalismo alcanzado por la Policía Nacional es necesario una política en materia de seguridad y una mayor capacidad técnica. “Nicaragua, a pesar que tiene un alto grado de profesionalismo, tiene poca capacidad técnica que lo deja con ciertas limitaciones”, dijo Guevara.
A criterio de Denisse Guevara, quien realizó el estudio por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) son 16 años de profesionalización, durante los cuales “la Policía logró desvincular la visión Estado institución policial”.
Guevara considera que entre los logros de las reformas policiales llevadas a cabo a lo largo de estos años en Nicaragua, “favoreció que la Policía Nacional sea reconocida como institución de gran solidez y de gran reconocimiento público pese a algunos casos de corrupción”.
El estudio aborda el impacto que ha tenido en Nicaragua, la labor policial en cuanto al combate a la delincuencia. Y aunque destaca que las cifras del accionar delictivo en el país son bastante tranquilizadoras en comparación con el resto de países centroamericanos, estima que existe la preocupación de que bandas delictivas u organizaciones criminales de los países del norte de Centroamérica hayan extendido ya sus operaciones a Nicaragua.
Según el estudio para mejorar la calidad en la seguridad ciudadana, la institución impulsa un proceso de modernización que está aún en desarrollo.
En el denominado triángulo del norte, que incluye Guatemala, El Salvador y Honduras, los altos índices de violencia han llevado a los gobiernos a aplicar planes de control contra las pandillas, maras o grupos de narcotraficantes que han resultado ineficaces pues los mismos indicadores de los gobiernos revelan que la inseguridad en estos países ha aumentado.
Aunque Nicaragua y Costa Rica no presentan altos índices de violencia, como el resto de sus vecinos, existe una sensación colectiva de creciente inseguridad. Los índices de percepción de seguridad son cada vez más bajos y la tendencia apunta a que esta situación no mejore y, al contrario, se está agudizando y convirtiéndose en una epidemia, refiere el informe.
Nadie duda de que la inseguridad ciudadana, producto de un incremento de la delincuencia violenta en la región, ha aumentado de manera alarmante y que se requieren medidas adecuadas para enfrentarla.
TENENCIA DE ARMAS Y VIOLENCIA
Entre el 2000 y el 2005, las cifras estadísticas de la Policía destacan un incremento de la tasa de homicidios al pasar del 9.6 por ciento al 13 por ciento, lo que refleja una tendencia a incrementarse de manera acelerada. La cantidad de homicidios y asesinatos pasó de 476 a 785 para estos mismos períodos.
La violencia en Nicaragua está estrechamente vinculada a la tenencia de armas y a factores socio económicos que tienen que ver con la falta de oportunidades para los jóvenes que se identifican como incentivos para la generación de más condiciones de inseguridad ciudadana, según el estudio.
Una de las transformaciones del sector seguridad más urgente y necesaria es la transformación presupuestaria, aconseja el IEEPP.
La institución policial no puede actuar con un presupuesto mínimo para llevar a cabo acciones preventivas y de control, si no posee los recursos suficientes para incrementar el número de efectivos policiales, su cobertura a nivel nacional, su patrullaje, mejoras salariales y mejoras en el equipamiento de los policías.
La criminalidad y la delincuencia deben combatirse desde sus inicios; es decir, a nivel local desde el momento de su gestación para evitar que los delitos menores y las faltas queden impunes y se constituyan en la antesala del delito mayor.
El IEEPP reconoce que en el caso de la Policía Nacional, el hecho de contar con un marco legal le ha permitido a la institución regirse por normas orgánicas y ha demostrado hasta la fecha que el modelo actual de Policía, sí es efectivo .
Pero el informe también trae a colación crisis en las que la Policía se vio enfrentada como el caso de intervención de instituciones públicas, como el Instituto de Telecomunicaciones y Correo (Telcor) que recibía órdenes expresas del Ejecutivo y del Poder Judicial.
“Es necesario que la ley (228) sea explícita y clara en lo relativo a la supeditación del poder —está contenido en la Constitución— pero hay vacíos que facilitan la definición del mando supremo”, refiere el documento.
POLICÍA NO DELIBERANTE
El asesor legal de la Policía, comisionado mayor Juan Ramón Grádiz estima que en esa ocasión lo que hubo fue crisis política entre poderes del Estado y es un tema en el cual la Policía no debate. Y alega que en la Constitución Política “está totalmente claro lo que tiene que ver con el Poder Judicial en relación al cumplimiento de las sentencias, que son obligatorias, está totalmente claro las facultades del Ejecutivo en cuanto a que es el mando supremo de la Policía”, sostuvo Gradiz.