- ALN, PLC y MRS reducen facultades a Consejos presidenciales, dejándolos como “instancias de coordinación, participación y consulta”
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Aunque el mandatario nicaragüense Daniel Ortega logró mayores facultades sobre la Policía Nacional, tras aprobarse ayer una reforma a la Ley 290, de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, al final los poderosos Consejos que se crearán mediante decreto vieron reducidos sus amplios alcances institucionales.
El parlamento nicaragüense aprobó ayer una iniciativa presidencial de reforma a la Ley 290, que dio a Ortega un poder más directo sobre la Policía Nacional, al mismo tiempo que redujo las atribuciones a los ministerios de Defensa y Gobernación.
La reforma, aprobada en lo general con 64 votos a favor, además de 17 diputados presentes (que no votaron, sumándose así a la mayoría) y cinco que la rechazaron, permitirá a Ortega crear por decreto una serie de Secretarías o Consejos, sin necesitar el aval del Legislativo.
A inicios de semana, la desconfianza de varios sectores hacia a Ortega se debía a que los Consejos del Poder Ejecutivo —según un decreto publicado el diez de enero— tenían entre sus funciones la creación de estrategias de políticas nacionales en función de la “democracia directa”.
La oposición calificó a los Consejos presidenciales como “supraministerios”, cuyo fin era el de emular a las Asambleas Populares de Cuba.
LO APROBADO
El revuelo causado por Ortega y su aparente interés por concentrar más poder, provocó que la oposición (ALN, PLC y MRS) acordara una serie de mociones, que redujo a los Consejos del Poder Ejecutivo a “instancias intersectoriales de coordinación, participación y consultas”, a los cuales no “se les podrá transferir ninguna de las funciones y facultades de los ministerios de Estado”.
La reforma a la Ley 290 también dejó establecido que dichos Consejos no provocarán ningún tipo de gastos al Estado, ni sus miembros recibirán remuneración económica.
Los Consejos que hasta hoy se conoce creará Ortega, son el de Políticas Públicas; de Desarrollo de la Costa Caribe; de Seguridad y Garantía Alimentaria; y el de Comunicación y Ciudadanía, que dirigirá la esposa del mandatario, Rosario Murillo.
Por otro lado, los diputados también se aseguraron de derogar el decreto que Ortega publicó en La Gaceta, diario oficial, el pasado diez de enero, que establecía enormes atribuciones a los Consejos.
“Para ponerle la tapa al pomo, proponemos esta modificación al artículo 19 (de la reforma): ‘Se derogan los decretos, resoluciones, acuerdos o leyes que contradigan las disposiciones relativas a las instancias públicas y órganos administrativos o de consulta creados por la presente ley’. O sea que todo lo que esté fuera de lo que definimos hoy, es ilegal, ilegítimo e inexistente”, dijo el diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro.
Los diputados de la oposición, durante los debates en la sesión de ayer, reconocieron que la iniciativa enviada por Ortega reflejaba un alarmante interés presidencial por concentrar más poder.
Las bancadas de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS) insistieron hasta última hora en enviar a comisión el proyecto de reforma, pero el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el PLC lograron el ansiado trámite de urgencia solicitado por el Poder Ejecutivo.
“Estas reformas sientan las bases para que el comandante Daniel Ortega quiera regresar a gobernar como en la década de los ochenta y enviar al trasto el trabajo de años para construir una democracia en pañales”, señaló el diputado por la ALN, Alejandro Bolaños, sobrino del ex presidente Enrique Bolaños.
“(Ortega) está imitando el esquema de gobiernos como el de Fidel Castro (Cuba) o Hugo Chávez (Venezuela)”, agregó Bolaños.
LA DID
En tanto, la reforma trasladó legalmente del Ministerio de Defensa al Ejército de Nicaragua, la Dirección de Información para la Defensa (DID), que presta servicios de inteligencia.
No obstante, los diputados se adjudicaron la potestad de solicitar informes cuando sea necesario.
El parlamento, de acuerdo a lo aprobado, podrá “solicitar (informes) al Ministro de Defensa o en su defecto al Comandante en Jefe del Ejército, en caso de quejas o denuncias de los ciudadanos, a fin de asegurar el apego a la Constitución Política y a las leyes de la materia”, indica lo ratificado ayer.
ORTEGA LOGRÓ MÁS PODER
Sin embargo, y a pesar de los cambios al proyecto inicial, el mandatario Ortega redujo facultades a los ministerios de Defensa y Gobernación, y obtuvo nuevas potestades sobre la Policía Nacional, como la de recibir directamente informes relacionados con la seguridad pública; verificar el estado financiero de esa institución; nombrar a los subdirectores generales e inspector general; aprobar, reducir o aumentar el número de cargos que integran la Policía, así como el monto salarial; o disponer el retiro del Comisionado General o del Comisionado Mayor, a propuesta del Director General.
Todas esas facultades correspondían exclusivamente al Ministro de Gobernación.
“Todos esos artículos que se reforman es para dejar establecido que realmente la Policía sale de la égida o sale del conjunto de instituciones que forman parte del Ministerio de Gobernación y pasan a ser dirigidas, administradas y financiadas directamente por el Presidente de la República”, denunció la diputada por el MRS, Mónica Baltodano.
“Es un retroceso con respecto a la década de los ochenta, porque en esa época había un Ministro del Interior y de él dependía la Policía, no dependía del Presidente, aquí estamos regresando a la época de los sesenta y setenta (de dictadura somocista)”, añadió Baltodano, quien sostuvo que la reforma a la Ley 290 tocó ilegalmente a la Ley 228, de la Policía Nacional.
Pero además, con la reforma a la Ley 290, la Presidencia ahora tiene bajo su responsabilidad directa a la Financiera Nicaragüense de Inversiones, el Instituto de Turismo, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Instituto Nacional de Información y Desarrollo, y los nuevos institutos de Deportes, de la Mujer, Pesca, y de Cultura.
“Se crea un sinnúmero de institutos que nadie sabe el impacto económico que va a generar la burocracia de esas nuevas instituciones que va a crear el Poder Ejecutivo”, criticó el diputado por el PLC, Enrique Quiñónez.
Además, la reforma también redujo los alcances legales que tendrá el nuevo Ministerio de Energía y Minas, para evitar roces con el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
El Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, el INE y el Poder Ejecutivo enviaron a sus respectivas delegaciones a la sesión de ayer.
El asesor presidencial, Bayardo Arce, encabezó la comisión del Poder Ejecutivo que también la integraban el asesor jurídico externo Manuel Arauz Ulloa y Paul Oquist, coordinador del Consejo de Políticas Nacionales.
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