- Presidente de Unicafé asegura que 6,700 títulos de propiedad de productores están “embodegados” en el Banco Central de Nicaragua
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Sébaco, Matagalpa
El presidente de la Unión Nicaragüense de Cafetaleros (Unicafé), Amílcar Navarro, reclamó ayer en una asamblea de cafetaleros en Sébaco, Matagalpa, que el Presidente de la República, Daniel Ortega, revise la situación de 6,700 títulos de propiedad de pequeños productores cafetaleros que están “embodegados” en el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Según Navarro, esos títulos de propiedad son parte de una deuda cafetalera que asciende a 8 millones de dólares, que fue reestructurada por el Estado de Nicaragua para pagar a un plazo de veinte años, pero los títulos no han sido entregados a los productores.
Hasta el cierre de esta edición, el BCN no había brindado una declaración oficial al respecto.
A la asamblea de cafetaleros asistieron el titular del Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor), Ariel Bucardo; el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Álvaro Fiallos; la directora ejecutiva del IDR, Auxiliadora Briones y diputados locales.
En la actividad, Bucardo se comprometió a plantear a Rosales que “es necesario analizar todos los problemas con las propiedades que están ahí (en el BCN)”.
Y añadió que “no sólo están en el BCN propiedades de los pequeños productores, sino que hay una serie de propiedades que está a nombre del Estado, que entraron a la subasta (de la cartera cafetalera ocurrida en julio del 2003), que no fueron subastadas y que quedaron ahí”.
Durante la asamblea, los caficultores pidieron detener las ejecuciones judiciales y subastas de propiedades por deudas de los productores, garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y agilizar la creación del Banco de Fomento, prometido en campaña por el actual gobierno.
Además, propusieron crear un equipo técnico que discuta su problemática.
Javier Tinoco, cafetalero de Matagalpa, sugirió a los diputados que retomen un proyecto de Ley de Moratoria al sector agropecuario y al Ejecutivo, un “decreto transitorio” que paralice las ejecuciones, subastas, embargos y otras acciones que en contra de los productores ejecutan diferentes instituciones financieras, empresas exportadoras y el mismo Estado.