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Escándalo pendiente de aclaración

El presidente Daniel Ortega y su esposa sorprenden a la ciudadanía casi cada día con un nuevo escándalo, una nueva arbitrariedad, una nueva violación de las leyes y los procedimientos legales. Si no es la interminable lista de despidos injustificados, es la gira para visitar a dictadores que están bajo la continua censura de la comunidad internacional, o es una demanda interpuesta por demócratas venezolanos por intervenir en los asuntos internos de ese país en el caso del cierre de RCTV, o se trata de la vandálica destrucción de una valiosa fuente musical en la Plaza de la República, o la multa confiscatoria a una empresa privada transnacional.

Por cierto que la destrucción de la fuente ha despertado mucho interés, porque además de ser un acto de vandalismo cometido por autoridades que se supone más bien deben proteger la propiedad pública de las acciones de los vándalos, también ha puesto en evidencia las contradicciones entre el presidente Ortega y el Alcalde de Managua, Dionisio Marenco, a quien secundó el asesor económico presidencial Bayardo Arce.

Sin embargo, hay que tener cuidado de no caer en la trampa de que por darle atención hacia algunos disparates, se echen al olvido otros escándalos que son peores o más graves todavía. Por ejemplo, si se comparan la destrucción de la fuente musical de la Plaza de la República y la contradicción entre Ortega y Marenco, con la denuncia de extorsión que supuestamente se habría llevado a cabo en la Secretaría del FSLN, en contra de inversionistas nacionales y extranjeros, lo primero palidece ante lo segundo y pasa a un plano secundario.

En realidad, tanto ruido y humo en el escenario público puede desviar la atención de la ciudadanía de una denuncia grave de corrupción, que está pendiente de esclarecimiento y que, de comprobarse, tendría consecuencias de grandes proporciones para el partido oficialista.

¿Corresponde la voz de la cinta aportada como prueba del delito de extorsión, a la de Gerardo Miranda? Según la fiscal adjunta, Ana Julia Guido, la Policía Nacional ha informado que su laboratorio de criminalística carece de las posibilidades para hacer el peritaje de voz de la grabación. Y por tal razón, la Fiscalía remitió un nuevo oficio a la Policía para que indique en qué país es posible hacerlo. La cinta es un elemento probatorio decisivo en este juicio, sobre todo después que la Policía Nacional y el Ministerio Público indicaron que no encontraron reporte de entrada de Gerardo Miranda y Armel González a la Secretaría del Frente Sandinista, entre el 1 de marzo y el 30 de abril, como afirma González. Pero, ¿es que en casos como éste se dejan evidencias tan comprometedoras? Y además, ¿tendrá el denunciante González otra manera de probar que estuvo con Miranda en la Secretaría del FSLN, donde también despacha el presidente Ortega?

Por otro lado, la denuncia por extorsión debe ventilarse independientemente de las acusaciones que el mismo Gerardo Miranda y otras personas han interpuesto contra Armel González y los inversionistas que él representa, pues se trata de dos situaciones esencialmente distintas. En el caso de la denuncia por extorsión, el juzgado correspondiente debe determinar —al margen de cualquier otra consideración relativa a conflictos de propiedad— si en efecto, Gerardo Miranda trató de extorsionar a Armel González. Si esto se demostrara por medio de la cinta, habría que ver si Miranda actuó solo, o si hay otras personas ligadas al Frente Sandinista que cooperaron con él.

En cuanto a la campaña de difamación e intimidación de las estaciones sandinistas de radio y televisión en contra del periodista Carlos Fernando Chamorro, porque éste dio a conocer en su programa televisado la denuncia de la supuesta extorsión, lo único que demuestra es el desconcierto del Gobierno ante un hecho inesperado que, mientras no se esclarezca mantiene en entredicho su credibilidad.

De modo que todo lo que se diga en los medios oficialistas contra los periodistas que destaparon lo que algunos llaman “la olla de Tola”, es totalmente irrelevante para la solución de la denuncia de extorsión.

Editorial
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