MARTHA VÁSQUEZ Y SERGIO LEÓN
Las denuncias de abuso con propiedades decomisadas a procesados por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado de parte de autoridades policiales, continúan mientras autoridades estatales siguen sin dar explicación.
Selmira Sujo Leban denunció que la Policía de Bluefields la despojó de su casa ubicada en el barrio Pancasán, que está a nombre de sus hijos, porque acusan a su esposo Rogelio Soza Valverde, por delitos relacionados con las drogas.
Valiéndose de eso, la Policía sacó a sus hijos de 19 y 17 años de la vivienda, mientras ella (Sujo) estaba embarcada trabajando. “Estaba llegando desde Europa a Managua el 23 de junio de 2012 y cuando llegué a Bluefields el 25 de junio la Policía me dijo que no podía entrar a mi casa, que estaba ocupada”, denunció Sujo.
Sujo también refirió que saquearon la vivienda, pues se llevaron televisores, ropa de marca, perfumes, prendas de oro, minicomponentes, perfumes, entre otros menajes de hogar.
Según Orozco, de acuerdo con informaciones obtenidas tras filtraciones, tanto el Ejecutivo, como la Policía, el Ejército, la Procuraduría y el Poder Judicial se han opuesto a la creación de la unidad, “debido a que les conviene una repartición antojadiza de las casas, fincas y vehículos”.
Según Orozco, esta repartición antojadiza, donde los beneficiados son funcionarios del Estado a título personal y no el Estado mismo, es un factor de riesgo en materia de seguridad.
El exdiputado José Pallais, quien promovió dicha ley, criticó que cada día que se tarde el presidente inconstitucional Daniel Ortega en organizar la Unidad Administradora de Bienes Incautados, propicia que continúe el desorden y la corrupción, y por tanto, se convierte en el principal responsable en la pérdida y despilfarro de estos recursos, donde el Estado de Nicaragua es el perdedor.
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Lo grave del caso es que el esposo de Sujo está prófugo, no ha sido procesado, pero la vivienda ya pasó al Estado y fue asignada a una oficial de la Policía, quien vive con su familia.
“Quiero todo de regreso porque a mí me costó trabajo. No saben cómo es la vida en los barcos, ahí se trabaja de domingo a domingo. Rogelio no me construyó esa casa, solo contribuyó a cuidarme a mis hijos, yo le mandaba semanalmente el dinero para levantar la casa”, concluyó Sujo.
PROCURADOR ESTRADA HUYE
A pesar de que las denuncias sobre el abuso con bienes relacionados con narcos procesados siguen brotando, el procurador General de la República, Hernán Estrada Santamaría, salió huyendo ayer de los medios de comunicación que le preguntaban a quién asignó la casa del condenado Henry Fariñas, ubicada en Serranías y sobre el destino final de los narcobienes.
“No puedo hablar ahorita, no puedo, no puedo”, repetía Estrada mientras trataba de escapar.
Finalmente pidió apoyo al personal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estaba en la inauguración del edificio del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, para salir por el portón trasero del lugar y salir en el vehículo a toda velocidad. Ni esperó que la actividad concluyera.
SOLÍS RESPALDA “PIÑATA”
El magistrado de facto de la CSJ, Rafael Solís Cerda, justificó el abuso con los bienes incautados al crimen organizado, argumentando que esa asignación del bien es para evitar el deterioro.
“Lo que hay son depósitos, peor sería que se deterioraran los bienes si se dejan abandonados, el hecho que ellos reparen y les den mantenimiento, no quiere decir que es de ellos. Una vez que el bien queda asignado al Estado, es la Comisión (Administradora de Bienes Incautados, que no existe) la que se encargará de asignar este bien”, dijo Solís.
También agregó que el poder judicial respalda a jueces y Policía mientras asignan las propiedades en depósito. Aunque aseguró de forma enfática que por ningún lado aparece en la Ley 735 la asignación de casas y carros lujosos a funcionarios públicos para uso y disfrute personal.
SOLÍS CONFIRMA DESPOJO
Solís también confirmó que la Sala Penal de la CSJ ha devuelto varias propiedades, “porque hay que ser objetivo en eso”, aunque también reconoció que a los familiares de Frank Oviedo, condenado por narcotráfico y que se apostaron por meses frente a la Corte, les van a tener que entregar otra propiedad.
“En el caso de los familiares de Frank Oviedo se les va a tener que permutar porque ya habían proyectos universitarios”, dijo Solís.
Jamileth Oviedo fue quien denunció ayer que hace tres semanas el procurador Estrada le dijo que ya no había nada que hacer con su finca porque ya era del Estado, mientras que el rector de la Universidad Nacional Agraria (UNA), Telémaco Talavera está en posesión de la misma.
Esto deja en evidencia la falta de seguridad en la tenencia de la tierra y la violación al derecho a la propiedad privada. El comisionado Fernando Borge, vocero de la Policía Nacional dijo que “hay algunas casas que están ocupadas por unidades operativas de la Policía. Hay muchos bienes que están siendo resguardados (…) no tengo detalles, no tengo especificaciones. Eso es lo que te puedo decir”.
(Colaboración Elizabeth Romero).
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,5 A
