Este martes se cumplen veinte días de que tres comunitarios mayangnas fueron asesinados por colonos y miskitos en Wasakin, territorio de Tuaska, en el municipio de Rosita, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
La demanda de justicia para que los crímenes no queden en la impunidad es mantenida por líderes comunitarios de la zona, quienes denunciaron que detrás de la violencia que ha sumido a esa población están los conflictos por la tenencia de tierras.
Dunez Morales Rodolfo, de 28 años; Mildo Dolores Morales, de 35 años, y Rubén Jacobo Benlis, de 36 años, fueron las víctimas mortales de la comunidad mayangna, ubicada a 45 kilómetros al este del casco urbano de Rosita, el pasado 26 de marzo.
El ataque también dejó a dos jóvenes heridos de bala, uno de ellos Etlerson Johnny Montiel, de 28 años, quien sigue en el hospital de Puerto Cabezas, ya que la bala penetró en una parte delicada de la espalda, cerca de la columna, por lo que aun no se la han podido extraer, explicó Sergio Luis Poveda, secretario comunal de Wasakin, junto a Arnejo Pérez, síndico y Wathson Penn.
Hechos violentos
Poveda relató que como es costumbre, días antes del ataque, él junto con otros líderes habían ido a inspeccionar la zona donde los jóvenes iban a trabajar en carriles y observaron que todo estaba normal. El grupo de 28 jóvenes partió hacia la zona y fue atacado por mestizos junto con integrantes de la comunidad miskita Ibu, quienes reclaman tierras a los mayangnas, pero estos aseguran que los mestizos no tienen ningún derecho ni poder real que se los acredite.
A los jóvenes los persiguieron y les dispararon, manifestó Poveda, mientras intentaba contener la conmoción que le provoca recordar el hecho.
La versión policial asegura que un grupo de miskitos, liderados por el “cabecilla Rosendo Marciano Washington, con antecedentes delictivos de lesiones y corte ilegal de madera”, junto a Segoviano Washington, Dor Washington y otros, “irrumpieron de forma violenta en terrenos de comunitarios mayangnas con intenciones de desalojar a sus moradores, a quienes agredieron con armas de fuego”.
Poveda demanda que este caso no quede en la impunidad y “por eso nosotros estamos acudiendo a otras instancias superiores, buscando apoyo, auxilio, es como que estuviéramos gritando ¡auxilio!, ¡auxilio! a instancias”, expresó.
Las amenazas no han cesado en el territorio indígena donde habitan unas nueve mil personas y sus líderes contabilizan siete víctimas mortales en total.
LAPRENSA/CORTESÍA
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De nunca acabar
Para la experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, la recurrencia de las acciones de violencia y desalojos en contra de las comunidades indígenas por parte de los llamados colonos, ocurre porque no hay una decisión deliberada de las autoridades estatales para frenarlas.
Hay fuertes denuncias de líderes comunitarios que incluso mencionan la complicidad de autoridades locales y latifundistas promoviendo y facilitando recursos para estas acciones, pues hacen parte de una red de corrupción que termina titulando las tierras de las comunidades indígenas a nombre de terceras personas, expresó Cuadra.
Pese a que el Estado por medio de sus instituciones se compromete a que van a darle seguimiento a los hechos de violencia para que no queden en impunidad, muy poco se sabe del avance de estos supuestos procesos de investigación, por eso, los mismos comunitarios y organizaciones que velan por los derechos de los pueblos indígenas aseguran que las instituciones no hacen nada.
No obstante, en el caso de los últimos tres asesinatos, equipos de la PO se movilizaron a las comunidades indígenas para investigar los hechos, confirmaron los mismos líderes mayangnas.
Cuadra explica que las acciones principales que debería implementar este gobierno, sería, en primer lugar, proteger la vida y la integridad de las comunidades indígenas; en segundo lugar, cumplir lo que establece la ley sobre la titulación y el saneamiento de las tierras, a fin de que las comunidades puedan hacer uso de sus derechos sobre sus tierras.
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Con la especialista concuerda Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien asegura que toda esta violencia tiene como causa y origen la falta del tratamiento adecuado por parte del gobierno a la problemática de la demarcación de las tierras indígenas. “El gobierno es el principal responsable por no atender adecuadamente la problemática indígena, que es precisamente garantizar el respeto de sus tierras”, expresó.
La responsabilidad del gobierno es capturar a los que cometen los delitos, y juzgarlos, sino adquiriría una doble responsabilidad, haber causado o estar causando esta situación con las tierras y dejar en la impunidad estos crímenes.