Una legión de nuevos desempleados acecha al sistema financiero nacional. Esta nueva oleada se sumará a los más de 106 mil que en los últimos dos años, como consecuencia de la turbulencia política, quedaron sin trabajo, lo que supondrá un enorme desafío para la banca nicaragüense y demás entidades del sistema financiero nacional.
Entre abril del 2018 y hasta octubre del año pasado, la buena reputación que durante años construyó en Centroamérica la banca local, en cuanto a la sanidad de sus créditos, se vino abajo. Con más de 100 mil personas que cayeron en desempleo, en ese periodo el indicador de mora se disparó más de 200 por ciento, pasando de 1 por ciento a 3 por ciento.
En tanto, el índice de riesgo, es decir el saldo de dinero que está al borde de la mora, pasó 2.7 por ciento a 11.6 por ciento, un aumento de 329.63 por ciento.
Una segunda fase de deterioro en la salud del sistema financiero está a la vuelta de la esquina. Esta vez con un mayor número de personas sin trabajo, como consecuencia del efecto de la pandemia en la economía.
Las últimas previsiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apuntan a que entre 45 mil y 125,400 empleos formales se destruirán en Nicaragua como consecuencia de la pandemia. Es decir que de cumplirse la peor previsión del BID, más de 230 mil personas sin trabajo- incluyendo los que han perdido su empleo en los últimos dos años de recesión- presionarán al sistema financiero nacional al finalizar este año y principio del 2021.
Un panorama negativo para la banca, que si bien no es exclusivo para Nicaragua, lo cierto es que su efecto puede ser más profundo respecto al resto de la región. Esto, tomando en cuenta que mientras en el país no se han adoptado medidas para ayudar a los deudores, en la región ya se están delineando acciones para proteger a la creciente masa de deudores que pueden caer en mora a medida que las economías se mantengan semiparalizadas por la pandemia.
Lo que deben los deudores
En Nicaragua, son 1.19 millones de préstamos que están en manos de los deudores, lo que supondrá un desafío para la banca y las financieras al momento de recuperarlos en los próximos meses, según sean los plazos pactados y la prolongación del coronavirus.
Según datos de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), hasta diciembre del año pasado, 1.11 millones de préstamos estaban a plazo de más de 360 días, el restante a menos de ese lapso. En total son 128,375 millones de córdobas en cartera de préstamos, tanto en moneda nacional como en extranjera.
Los alivios posibles
En un contexto de mayor deterioro económico, como consecuencia de la pandemia, ¿de quién depende una política de alivio para estos deudores? ¿es posible una moratoria general? ¿qué está haciendo la región? ¿depende de Ortega o de los bancos? ¿cómo llevar alivio a las empresas endeudas? ¿cómo evitar la paralización de las actividades productivas por falta de liquidez?
De entrada, una política de alivio para los deudores debe nacer de la Presidencia, es decir de Daniel Ortega, tal y como ha sucedido en otros países de Centroamérica, donde los mismos mandatarios orientan a sus entes reguladores a adoptar acciones enfocadas a apoyar a los deudores, explica el economista Néstor Avendaño.
“La Superintendencia como normadora no puede cambiar nada, quien lo cambia es el gobierno, ni el Banco Central. Si el Banco Central dice se eliminan las cláusulas de mantenimiento de valor, se lo dice el Gobierno al banco, no lo dice el banco. Es decir debe ser una política aprobada por el gobierno y el gabinete económico, no una institución particular”, precisa.
Es decir que la banca comercial y el resto de entidades por sí misma no pueden implementar políticas de alivios de los créditos si no tienen el aval gubernamental. Avendaño reconoce que en este caso, la medida se adoptaría de manera unilateral por el lado estatal, tomando en cuenta que no existe un diálogo entre sector privado y el Gobierno desde abril del 2018, tras el estallido de la crisis política.
El mismo Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) a mediados de marzo de este año, reconoció que un alivio semejante a los deudores dependía de la Presidencia, no así del sistema financiero nacional.
Por el lado de la tasa de interés
Existen múltiples políticas de apoyo y alivio que los gobiernos del mundo, incluidos los centroamericanos, están impulsando para ayudar a sus ciudadanos a afrontar la paralización de las economías y por ende la caída de los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, no todas estas medidas son aplicables en Nicaragua, debido no solo a que el país es una nación pobre, sino también porque hay dos años de caída en la economía.
Pero eso no significa, según Avendaño, que el Gobierno no puede hacer algo para ayudar a los deudores y empresas. Lo primero, es impulsar políticas para bajar las tasas de intereses. Y para ello, el economista explica que a través de las operaciones de mercado del Banco Central, conocidas como reportos, este puede inyectar dinero más barato al sistema financiero, para empujar a la baja los intereses de los créditos.
“El Gobierno puede aprovechar esta situación para establecer estos reportos, que son en córdobas, pero con mantenimiento de valor, y quitarle ese calificativo, con mantenimiento de valor. Esto como un primer paso para una reforma ulterior de la política monetaria…Esto es para que el crédito sea barato en tiempos de crisis”, explica.
Además del interés anual que pagan los bancos por recibir esos fondos del BCN, a esos córdobas se les debe incorporar el mantenimiento de valor, lo que hace que estos recursos de corto plazo sean más costosos, impactando las operaciones de las entidades financieras con los prestatarios. De ahí, la importancia de esta política en tiempos de pandemia.
Bajar el encaje legal
Otra política es dotar con más dinero a los bancos bajando el encaje legal sobre los depósitos en moneda local y extranjera. Hasta marzo estaba 13 por ciento semanal para los depósitos en córdobas y 15 por ciento para los que están en dólares, al respecto Avendaño sugiere bajarlo a 10 por ciento, “para que los bancos bajen las tasas activas (la de los préstamos)”.
Por ley, los bancos están obligados a depositar en las arcas del Banco Central un porcentaje del dinero del público en sus manos, conocido como encaje legal. El costo de tener ese dinero “ocioso” en el BCN afecta el valor de los créditos, que deben asumir esa carga. “Se baja el encaje al 10 por ciento en estos tiempos de crisis para poner a disposición de productores y empresas dinero”, explica.
Al respecto, Avendaño reconoce que acá la banca requerirá mayor supervisión estatal, porque el BCN deberá cerciorase que ese dinero liberado por ambas medidas antes mencionadas debe usarse para inyectarlo a la producción y la industria, y evitar que esta se paralice, lo que ayuda a contener la destrucción de empleos.
El economista recuerda que el año pasado se tocó el encaje legal, lo que liberó recursos y la idea era que la banca destinara ese dinero para las actividades económicas, pero eso no ocurrió. Más bien, estas entidades se dedicaron a comprar papeles del Estado y las empresas se quejan por la falta de liquidez hasta hoy. Es el Banco Central el llamado a garantizar que esos recursos lleguen a las actividades productivas.
“El Banco Central debe dar crédito en córdobas sin mantenimiento de valor, para que los banqueros no le sumen la tasa de devaluación de tres puntos porcentuales a los prestatarios. ¿Y con qué van a indexar los banqueros esos préstamos? con la tasa de inflación y la tasa de inflación probablemente sea negativa este año a como veo las cosas, gran desplome del precio del petróleo, la crisis que no te genera alza de precios sino caídas estrepitosas incluso en las materias primas…”, precisa Avendaño.
Este dinero barato se debe dirigir principalmente a las industrias de alimentos, farmacéuticos y desinfectantes, entre otros.
Un planteamiento similar hizo la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en su reciente informe de coyuntura económica. En el mismo señaló que el Banco Central “podría proveer de liquidez a la banca privada y establecer préstamos con garantías contingentes para empresas, condicionales a la protección de empleo, al menos a los niveles pre-crisis del Covid 19”.
Una tercer medida estaría relacionada con ajustes en las regulaciones prudenciales que se les impone al sistema financiero, lo que al final impacta a los deudores. Al respecto, Avendaño plantea que las regulaciones deben adaptarse a la realidad actual, esto permitiría adecuar las condiciones crediticias.
Medidas en favor de deudores
También desde la Presidencia se debe pensar en políticas que permitan que no se dañe el récord crediticio de los deudores (personas naturales y empresas). De tal manera, que tras aprobarse las medidas monetarias antes mencionadas, se autorice a las entidades financieras no disminuir las calificaciones y provisiones de los prestatarios.
“Que las autoridades bancarias reciban la autorización de la Siboif a que no disminuyan las calificaciones y provisiones en los deudores, además autorizar reestructuración de créditos, que modifiquen las condiciones de pagos, las tasas de interés, plazos y cuotas. Entonces, al momento de que se haga esa reestructuración, no se afecte la calificación del deudor”, precisa.
A las empresas deudoras, que trabajen con contra línea de créditos ya establecidas, se les puede apoyar estableciendo moratorias de entre 90 y 180 días, según sea necesario, y que el pago de intereses y el de amortización de capital que corresponda a este periodo se trasladen hasta el final de la línea de cancelación del crédito, para que no se recargue ese rezago una vez que se estabilice la situación.
Por ejemplo, un productor de azúcar tiene un crédito aprobado por tres millones de dólares para toda la zafra, que dura entre tres a cuatro meses. Y este ha usado de esos fondos, un millón de dólares (que ya está pagando al banco) , “pero como se ha desplomado la demanda de azúcar, entonces viene la Siboif, va a permitir que este productor goce de una moratoria en sus cuotas y siga utilizando el préstamo sin ver afectada su calificación”, explica Avendaño.
En el caso del resto de deudores, también deben gozar de reestructuración de sus deudas, que abarque modificar tasa de interés, condiciones de pagos, plazos y cuotas, así como no disminuir la calificación de la persona al momento de cambiar las condicionalidades del préstamo, para no presionar el capital de las instituciones financieras, porque de lo contrario estas tendrían que aprovisionar más dinero por mayor riesgo.
Avendaño cree que en caso de que no toquen las condicionalidades, bien se puede dar moratorias de tres meses como ocurre en otros países de Centroamérica, que si bien va a incidir en la rentabilidad de la banca, lo cierto es que recuerda que esta ya tiene un nivel alto promedio de este indicador, que le permite hacer frente a situaciones como estas.
“Entonces apelando a esa tasa de rentabilidad, que ha bajado de 40 por ciento al 20 por ciento al 31 de diciembre del año pasado, diría que sería equitativa la medida esa aplicar moratoria, se va a deprimir un poco la rentabilidad, pero no los va a conducir a pérdidas”, indica Avendaño.
De hecho, Funides también se alinea en su reporte a esa medida. Sugiere una moratoria por pagos de créditos, y reducción del costo de los préstamos bancarios y de casas comerciales, que impliquen ajustes de tasas de interés y moratorias en las cuotas.
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Medidas paralelas
Por sí misma, estas políticas de alivio a deudores son insuficientes y por eso deben ir acompañadas de acciones para los trabajadores. Y para eso, Avendaño sugiere que el Gobierno evalúe la posibilidad de que las empresas que han cesado operaciones hagan un esfuerzo por mantener el salario de los trabajadores y que ese dinero luego se deduzca al momento de pagar impuestos.
“Que esos pagos salariales constituyan un crédito fiscal al pago del anticipo del Impuesto sobre la Renta de este año, para que se vea el esfuerzo conjunto de que se está protegiendo al que menos tiene. Aún más, que los pagos que reciban los trabajadores en este contexto, no forme parte de la renta bruta”, explica.
También otra opción es que se reduzcan las jornadas laborales y por ende los salarios, para evitar que estos se vayan a casa sin ningún ingreso, aunque este sea parcial.
En este caso, Funides añade otras: establecer una moratoria de tres meses en el pago de servicios básicos para poblaciones vulnerables y las micro y pequeñas empresas.
Las consecuencias de no actuar
De no actuar a tiempo para ayudar a los deudores, Avendaño asegura que el daño en el sistema financiero y la economía será mayor, además el Banco Central tendrá menor margen de actuación con su política monetaria, la cual hasta ahora está ausente.
“El problema de hoy es para gente no solo con demasiado conocimiento sino también con demasiada experiencia y no la veo en el Banco Central y el Banco Central ha acumulado experiencia solamente en ajustar el dinero y proteger reservas que es una tarea muy fácil, que es una tarea aritmética. En ese sentido, me preocupa el nivel de capacidad técnica del Banco, que no está complementada con un nivel adecuado de experiencia profesional”, dice Avendaño, que reconoce que el contexto es muy complejo, tomando en cuenta que Nicaragua está envuelta en dos crisis: sociopolítica y sanitaria externa.
Lo que está haciendo Centroamérica
Y mientras el régimen de Daniel Ortega “ciego” e inmóvil frente a la pandemia, que amenaza con arrasar miles de empleos, a nivel de Centroamérica, los gobiernos están actuando no solo para llevar alivio a sus ciudadanos sino también para blindar al sistema financiero ante mayores choques en sus indicadores financieros por mayor deterioro de la mora y el riesgo.
En Panamá la banca usara su colchón anticíclico. La Superintendencia de Bancos de ese país autorizó que los bancos puedan modificar o reestructurar los préstamos. Es decir las entidades podrán revisar los términos y condiciones de los préstamos, en materia de tasas de interés y plazos, lo cual le permitirá pactar y otorgar periodos de gracia manteniendo la clasificación del crédito.
“Se permitirá a los bancos hacer uso de la provisión dinámica, herramienta denominada “colchón anticíclico” que forma parte del patrimonio de cada banco establecido durante época de crecimiento económico alto, con el propósito de que sea utilizado en los momentos donde haya un ritmo de crecimiento económico más lento, como la actual coyuntura”, detalla la SBP.
Costa Rica disminuirá las tasas de interés
En el vecino sur, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se reunió con el presidente Carlos Alvarado y se acordó una disminución de las tasas de interés, extender los plazos de los créditos y autorizar pagos extraordinarios del monto principal de la deuda sin penalización.
Moratoria de tres meses
En El Salvador se dio una moratoria de tres meses en el pago de deudas. Este país fue el primero en implementar medidas para apoyar a la población y al mismo sistema financiero. La serie de planes incluye facilidades para las personas en préstamos personales, tarjetas de crédito, banca empresarial y préstamos hipotecarios.
“Cuando identificamos un cliente que está directamente afectado o nos llama no tendrá que pagar durante tres meses ninguna cuota de su crédito (personal, rotativo, decreciente, de vivienda o tarjeta de crédito) por los próximos tres meses. El sistema se programará para que no pague y no le afecte su récord crediticio, siempre se encontrará al día”, explicó José Eduardo Luna, Director Ejecutivo del Banco Cuscatlán a medios de ese país.
En cuanto a las tarjetas de crédito, explicó que independientemente sea afectado directo o no por la emergencia la persona podrá decidir en forma voluntaria si realiza el pago mínimo de su tarjeta de crédito durante los próximos dos meses, con la facilidad de diferir el monto total de esos dos pagos en 60 cuotas. “Si el cliente no puede pagar abril y mayo, lo podrá hacer hasta junio”, añadió.
Entre otras disposiciones, está el retiro de cajeros hasta por 2,000 dólares por día y no cobrar por transacciones de banco a banco, una medida similar que hasta ahora se han adoptado en Nicaragua.
Guatemala da un plazo de seis meses
En el caso de Guatemala las personas individuales o jurídicas (empresas) que han sido perjudicadas por los efectos directos e indirectos en sus actividades productivas por la crisis del coronavirus tendrán un respiro en sus compromisos financieros con las entidades bancarias por un período de 180 días, es decir seis meses.
Con esta disposición en Guatemala, quienes hayan sido afectados por la pandemia y tengan préstamos, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, créditos prendarios, entre otros, podrán acceder a esta política de moratoria.
En Honduras con plan de rescate
En Honduras se anunció un plan de recate económico, el cual consiste en el congelamiento de las cuotas de préstamos sin que se afecte el récord crediticio, medida que fue adoptada, 15 días después que la anunció El Salvador.
Además en ese país se orientó dar préstamos agrícolas para que no se afecta la producción.
