En una verdadera democracia, la única fuente de legitimidad emana de la voluntad popular expresada en la urna electoral, es decir, en elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas.
Un gobierno pierde o carece de legitimidad mientras no llene esos requisitos básicos, elementales de la democracia. Puede haber un gobierno de transición, cuando un gobierno que no tiene legitimidad de origen, es derrocado por las armas, o en un acto de pragmatismo político, decide dar paso a la formación de un gobierno transitorio para que se encargue de la tarea de garantizar un proceso electoral libre, tal como ocurrió en Bolivia.
Pero para ello se requieren dos factores, o una renuncia como fue el caso de Evo Morales su vice y su gabinete, o un derrocamiento armado. Ninguna de estas dos condiciones parece cercana en el panorama político nicaragüense y en todo caso, dicha salida sería constitucional, a como se ha especulado en otros momentos, con la elección interina del presidente de la Asamblea Nacional para terminar el período de Ortega y Murillo, si en un remoto caso, por la presión nacional e internacional, ambos renunciaran.
El nombramiento “de dedo” de un “Gobierno Nacional de Transición” a como se le ha llamado y hasta se mencionan nombres de sus integrantes, no tendría legitimidad de origen porque no sería el fruto de la voluntad popular, y solo sería posible visualizarlo, realísticamente hablando, con un ejército interventor a las puertas de Managua, lo que no veo ni remotamente posible.
Entonces lo único que nos queda, objetivamente hablando, tal como lo ha expresado en un reciente artículo el diputado de la Unión Europea Ramón Jáuregui, es una salida democrática, que él define en 5 etapas: primero, la fecha dando por sentado que las elecciones anticipadas han sido superadas por la realidad: la fecha de acuerdo a nuestra Constitución, será el domingo 7 de noviembre de 2021.
En segundo lugar, el restablecimiento pleno de todas las garantías individuales; en tercer lugar, las reformas electorales básicas que garanticen que el resultado electoral corresponde a la voluntad del pueblo nicaragüense; en cuarto lugar, la observación electoral internacional que garantice el mandato incuestionable de la mayoría y por último, lo que Jáuregui llama “memoria y justicia sin revanchas” es decir: “Pasadas las elecciones, la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre lo ocurrido a partir de abril del 2018, bajo la premisa de una memoria reconciliada y no repetición, otorgando justicia reparadora a todas las víctimas. Memoria y justicia sin revanchas”.
Pedirle a Ortega y a doña Rosario que renuncien, es un acto tan inútil y fútil, como hacer el nombramiento de la Junta Nacional de Gobierno de Transición. El pragmatismo político nos obliga a prepararnos para una salida democrática que ya tiene fecha.
El autor es periodista, exministro y exdiputado