La Europa democrática ha hecho saber que a pesar de la pandemia no pierde interés por la situación de Nicaragua; que sigue rechazando a la dictadura y no deja de respaldar la lucha del pueblo nicaragüense por la democracia.
Eso es lo que se puede entender de las sanciones que la Unión Europea impuso a la dictadura de Daniel Ortega a principios de esta semana, en las personas de seis de sus peores represores y violadores de derechos humanos.
También el gobierno del Reino Unido impuso las mismas sanciones al régimen dictatorial de Nicaragua, demostrando que aunque ha dejado de pertenecer a la Unión Europea sigue fiel al compromiso de promover la democracia y defender los derechos humanos.
A las sanciones hay que sumar las declaraciones de influyentes dirigentes políticos europeos, como José Ramón Bauza y Ramón Jáuregui, incansables promotores de las sanciones a la dictadura de Nicaragua. Bauza incluso ha dicho que también se debe sancionar personalmente a la pareja dictatorial y sus hijos, “porque ellos solo entienden de sanciones”, y precisó que no sería admisible la salida de Ortega a cambio de impunidad.
Los políticos democráticos europeos conocen muy bien la situación de Nicaragua y se mantienen al tanto del curso de los acontecimientos en este país. Además, teniendo la ventaja de ser observadores extranjeros y por tanto ajenos a la pasión de los nicaragüenses, ellos señalan con lucidez y realismo la ruta que se puede y se debe seguir para poner fin a la dictadura y recuperar la democracia.
Jáuregui, en un artículo publicado en la revista electrónica nicaragüense Confidencial el 29 de abril recién pasado, señaló y razonó que es posible pactar en Nicaragua una hoja de ruta hacia la democracia, a partir de cinco condiciones básicas.
Una es la fecha electoral, que debe ser noviembre de 2021 como lo prevé la Constitución. Dos, plenas libertades democráticas, liberación de todos los presos políticos, “cese absoluto de la represión acompañado de un compromiso de paz ciudadana” y la reiteración por parte de la oposición, de su apuesta pacífica por la democracia. Tres, nueva Ley Electoral conforme a las recomendaciones de la OEA y la Unión Europea, que debe ser acordada con la oposición de dentro y fuera del Parlamento. La segunda vuelta debe ser garantizada y la posibilidad de reelección debe ser limitada.
Cuatro, observación electoral legítima, de la OEA y la Unión Europea. “Si gana el Frente Sandinista, nadie cuestionará su mayoría. Si gana la oposición, el Frente traspasa el poder.” Cinco, pasadas las elecciones, formar en el Parlamento una comisión de investigación bajo la premisa de una memoria reconciliada y no repetición, para otorgar justicia reparadora a todas las víctimas: “Memoria y justicia sin revanchas”.
A los duros del régimen y de la oposición esta propuesta les puede parecer inaceptable. Sin embargo, es una hoja de ruta realista y viable para de manera pacífica sacar a Nicaragua de la hasta ahora insalvable crisis en la que está atrapada, e iniciar el camino de una reconstrucción nacional de naturaleza democrática.