Al parecer era falsa, o al menos no fue confirmada oficialmente, la noticia de que en julio próximo la dictadura iniciaría negociaciones con los partidos políticos legales, sobre una imprecisa reforma electoral, y que en octubre serían designados los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE).
La información no fue desmentida de manera oficial por el régimen ni por el Frente Sandinista, pero sí por un operador político advenedizo que la dictadura tiene a su servicio y lo ha especializado en atacar soezmente y denigrar a la oposición, de cualquier pelo y tamaño que esta sea.
Hemos dicho que “al parecer” era falsa la mencionada noticia, porque no es posible fiarse de lo que dicen los políticos, pues, como escribió en un reciente artículo el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, “la política es el arte supremo de mentir”.
De cualquier manera, el tema electoral está en el tapete del debate público a pesar del aplastante peso de las informaciones y especulaciones sobre la pandemia del coronavirus o Covid-19. Lo cual es muy importante, porque la pandemia pasará en algún momento pero la dictadura quedará allí, como el dinosaurio en el microcuento de Monterroso.
Pero además es necesario mantener vivo el tema electoral, puesto que la oposición y la comunidad democrática internacional han determinado que el fin de la dictadura y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua tienen que pasar por unas elecciones libres, limpias y observadas por organismos calificados de dentro y fuera del país.
En las redes sociales se acusa a la oposición democrática, de la cual es parte muy importante el sector empresarial, que tras su planteamiento electoral se oculta el interés de arreglarse con la dictadura. Dicen que participar en elecciones sin que existan previamente las condiciones indispensables para unos comicios auténticamente democráticos, sería avalar una nueva farsa electoral para que Ortega y Murillo sigan en el poder.
Sin embargo, la oposición democrática que trata de unirse en una Coalición Nacional contra la dictadura, ha dicho en sus documentos escritos y declaraciones de sus representantes que solo participará en las elecciones en el caso de que sean auténticas, libres, limpias y observadas; en las que se respete y reconozca el voto popular. Para eso la oposición ha propuesto reformas sustantivas del sistema electoral, incluyendo la designación de nuevas autoridades electorales que sean honestas, profesionales y confiables. O sea que no se trata de participar en cualquier clase de elección, o en otra farsa electoral como las que ha montado la dictadura de Ortega desde 2008.
Cualquier persona de mínima experiencia política, tiene que saber que un nuevo fraude electoral no resolvería la crisis nacional. Y que si las reformas que haga Ortega son superficiales, para no cambiar nada, lo más probable es que en noviembre de 2021 haya una enorme abstención electoral, quizás la mayor de toda la historia política de Nicaragua.