La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el incumplimiento de las recomendaciones formuladas en sus Observaciones Preliminares y en su Informe de País, referidas a las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua e insta al Estado a implementarlas.
En la visita de trabajo, realizada entre el 17 y el 21 de mayo de 2018, en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada a partir del 18 de abril del mismo año, la Comisión observó una severa represión estatal hacia la población civil que protestaba en contra del Gobierno, caracterizada entonces por el uso excesivo y muchas veces letal de la fuerza policial; el despliegue represivo de fuerzas parapoliciales o de civiles con aquiescencia y colaboración de las autoridades estatales.
Además, constató una severa estigmatización, intimidación, amenazas y detenciones arbitrarias en contra de líderes y manifestantes, entre otros; así como por la ausencia de administración de justicia; y la censura directa e indirecta a la prensa.
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Todo sigue igual
A dos años de dicha visita, y de la instalación de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), creado para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH tanto en las Observaciones Preliminares, como en el Informe de País, la Comisión ha observado, y puesto en inmediato conocimiento de la comunidad internacional, la persistencia de patrones represivos de ataque a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia, incluyendo la protesta social; el ataque sistemático a la libertad de expresión y prensa.
También persiste la estigmatización y persecución de defensoras y defensores de derechos humanos; y el despliegue de grupos parapoliciales y otros contingentes civiles afines al Gobierno para perseguir y atacar a opositores y manifestantes.
CIDH Reitera recomendaciones
Frente a esta situación, la Comisión reiteró las recomendaciones emitidas tras de su visita, en mayo de 2018, y que mantienen plena vigencia , tales como cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas; respetar y garantizar el goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
Además; garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que se están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión; y asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas se ejecuten según protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Persiste el debilitamiento de instituciones públicas
Las violaciones, según la CIDH, se dan en un contexto de impunidad estructural ante el debilitamiento de las instituciones públicas a través de la concentración del poder Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público y; adicionalmente, de impedimento del escrutinio internacional en terreno, pues estos organismos fueron expulsados del país y no han vuelto a autorizar su entrada al país.
En efecto, en Nicaragua, persiste un estado de excepción de facto, en el que se mantienen suspendidos o severamente limitados derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, a la defensa de derechos humanos, y a participar en la dirección de los asuntos públicos.
Desde el 2018 el Estado mantiene una estrategia para impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al Gobierno, consistente en la prohibición legal de las protestas y la ocupación desproporcionada de espacios públicos por agentes policiales armados.
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Asimismo, desde el 2019 a la fecha, la represión estatal ha sido dirigida contra nuevas formas de protesta practicadas por la población, como piquetes exprés, breves manifestaciones en lugares privados y celebraciones religiosas, entre otras. Adicionalmente persiste la práctica regular de detenciones con fines intimidatorios y acusaciones penales arbitrarias e ilegales en contra de manifestantes, que a la fecha mantiene a más de 86 personas privadas de libertad en ese contexto.