La sanción de Estados Unidos al comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, no ha producido ninguna reacción pública de parte de la comandancia militar. La socióloga y experta en seguridad pública, Elvira Cuadra, manifestó que esta situación al menos amerita una reunión y análisis del Consejo Militar, para valora la “sanción particular y otras que pueden venir en el corto plazo”.
Pero Cuadra reconoce que el Consejo Militar está limitado por la ley y la última palabra en la decisión de mantener a Avilés en su cargo o no, la tiene el Jefe Supremo del Ejército, Daniel Ortega, especialmente desde que se reformó el Código Militar en el 2014. “El Consejo Militar podría proponerlo, pero es una decisión en las manos de Ortega”, dijo Cuadra.
El consultor civil en seguridad, defensa y gobernabilidad democrática, Roberto Cajina, también enfatizó que el Consejo Militar solo se reúne una vez cada cinco años, para presentarle al Presidente de la República la propuesta del nuevo comandante en jefe y luego solo se vuelve a reunir por convocatoria del dicho comandante en Jefe.
“Luego de la sanción de Estados Unidos al general Avilés, el Consejo Militar no tiene ninguna atribución en relación a decidir el futuro del comandante en jefe del Ejército”, expresó Cajina.
El general Avilés comenzó este año un tercer período consecutivo en el cargo de jefe del Ejército por “decisión unánime” del Consejo Militar, según dijo el inspector general del Ejército, mayor general Marvin Corrales, el 20 de noviembre 2019.
El honor militar de Áviles
El general en retiro Hugo Torres apuesta al honor militar del comandante en jefe, para que en esta situación renuncie al cargo, para no seguir afectando a la institución. “Cuando ya un comandante en jefe es cuestionado de manera tan seria, con las repercusiones que eso podría traer para el régimen de Ortega y para la propia institución, lo razonable sería que ese oficial que ocupa ese cargo se separara del mismo por la vía de la renuncia personal, si todavía le queda un pizca de honor militar, de gallardía y de valor para hacerlo. Lo mejor sería, para evitarle mayores traumas a la institución, que el general Avilés renunciara”, dijo Torres.
Torres también ve que la otra opción está en manos del Consejo Militar, pero limitado por el dictador Daniel Ortega. “Lo que el Consejo Militar podría atreverse a hacer es aconsejar la renuncia del cargo. Habrá que ver cómo está la correlación interna como para atreverse a dar tales consejos. El grado de influencia que tiene Ortega en el Consejo es fuerte, por lo menos en la oficialidad alta y ya allí habrá que ver cómo se mueven las aguas”, agregó Torres.
Lo que dice la Ley 181
El Presidente de la República tiene la atribución de nombrar al Comandante en Jefe del Ejército a propuesta del Consejo Militar. La propuesta del Consejo Militar podrá ser desaprobada por el Presidente de la República, quien podrá solicitar otra propuesta, establece el inciso 5) del artículo 6, sobre la Jefatura Suprema. Así quedó establecido después de la reforma en 2014 a la Ley 181, Código de organización, jurisdicción y previsión social militar.
La sanción de Estados Unidos
El viernes 22 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este viernes al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta Montalvan, “por apoyar al corrupto régimen de Ortega”.
El Tesoro de Estados Unidos señala a Avilés de estar “alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
Además, agrega que “los militares proporcionaron armas a los parapolicías que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”.
Desde 2018, cuando se dio la brutal represión armada contra las protestas civiles en Nicaragua, diversas organizaciones hicieron llamados al Ejército para que desarmara a los grupos civiles que se coordinan con la Policía para atacar a los manifestantes.
Durante los ataques, la Policía antidisturbio fue vista usando armas de guerra: fusil AK-47, fusil de M16, fusil Dragunov, lanza cohetes, para reprimir a los civiles. Más de 328 personas murieron por los ataques armados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) El Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI) realizó una investigación en el país, durante los momentos más intensos de la represión, determinando que se cometieron “crímenes de lesa humanidad”.