La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales (RELE y Redesca) expresaron este miércoles, a través de un comunicado de prensa, su “grave preocupación” por “la ausencia de información fidedigna y la persistencia de desinformación oficial sobre el alcance de la pandemia de la Covid-19 en Nicaragua”.
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El organismo internacional manifestó que en el país se “violenta el derecho a acceso a la información de la población en un momento crucial para la salud de la población e impide evaluar la responsabilidad de las autoridades frente a la emergencia sanitaria”.
Información “poco confiable” y “confusa”
La nota de prensa asegura que el régimen de Daniel Ortega ha proporcionado “información poco confiable” y “confusa” sobre la cantidad de contagiados en el país.
“El monitoreo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH ha constatado que el gobierno de Nicaragua ha proporcionado hasta la fecha información poco confiable sobre la cantidad acumulada de personas infectadas por Covid-19, las personas fallecidas y las personas recuperadas. Esta información, que sólo puede producir el Estado, es prioritaria y valiosa para garantizar la salud humana”, manifiesta el comunicado”.
“Sin embargo, la información aportada hasta el momento es confusa o inespecífica sobre el modo en que se han producido los contagios y elaborados e implementados los protocolos de seguimiento de los casos sospechosos. Tampoco hay una periodicidad preestablecida, lo cuál hace difícil determinar la cantidad y tipo de pruebas realizadas a diario, cuántas resultan positivas, así como la evolución y localización territorial de los casos. La información oficial tampoco permite conocer la situación del personal de salud y la capacidad hospitalaria para enfrentar la emergencia, entre otros indicadores”, agrega el escrito.
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La nota recoge las recomendaciones que han hecho las instancias de la CIDH a los Estados americanos, en relación a la pandemia del Covid-19.
“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha reiterado durante la emergencia, el vínculo estrecho que existe en el contexto actual entre la disponibilidad de información pública por parte de las comunidades, para salvar vidas, adoptar precauciones y monitorear la respuesta del gobierno desde todo punto de vista”.
Edison Lanza: evitar la desinformación
“Los gobiernos están obligados, en virtud de las normas sobre derechos humanos, a proporcionar información fidedigna y desagregada sobre la pandemia, evitando promover la desinformación. También deben ser transparentes en relación con las medidas que las comunidades deben adoptar para protegrse, prestando especial atención a las personas con dificultades de acceso a los medios masivos y a Internet”, indicó el relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.
Del mismo modo, la CIDH y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) han manifestado en forma reiterada su preocupación sobre el acceso de la población de Nicaragua al derecho a la salud, el segundo país más pobre de América Latina, lo que agrava la situación en el actual contexto.
“El impacto del COVID-19 en la vida y salud del pueblo nicaragüense es sumamente preocupante, en un contexto de escasez, desinformación oficial y persecución al personal médico y de salud. El Estado debe cumplir sin dilaciones con su obligación de respeto y garantía del derecho a la salud, lo que incluye la protección efectiva de las personas que trabajan en el sector salud en forma incansable”, indicó Soledad García Muñoz, relatora sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
Redesca y la RELE
La Redesca y la RELE son oficinas especiales de la CIDH, especialmente creadas para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de sus respectivos mandatos: sobre promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano (Redesca); y para la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión (RELE).
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Minsa reporta 759 casos confirmados y 35 muertes hasta el 26 de mayo. Sin embargo, durante las últimas semanas, diariamente se reportan muertes por enfermedades respiratorias, neumonía atípica principalmente, que ya son un sinónimo de Covid-19 en Nicaragua.
El Observatorio Ciudadano Covid-19, una organización de médicos y civiles que lleva un conteo extraoficial de casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua, asegura que han registrado un total de 2,408 casos y 598 muertos hasta el 23 de mayo.
En los hospitales donde diariamente mueren personas de enfermedades respiratorias, se les exige a los familiares que entierren a sus difuntos inmediatamente, lo que es otro indicio de que murieron por esta enfermedad altamente contagiosa, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.