En una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada este miércoles 27 de mayo por medio de la ahora usual videoconferencia, Luis Almagro inauguró su segundo mandato de secretario general que terminará en 2025.
Al tomar posesión, Almagro se comprometió a seguir luchando contra las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aunque en su discurso no mencionó directamente a ninguna de ellas, fue muy claro al decir que “en este segundo mandato debemos normalizar a la democracia como sistema político, el ideal para el hemisferio, sin discusión y sin excepciones”.
“No vamos a ceder un ápice en la lucha contra las dictaduras”, aseguró Almagro, y agregó que “si les gusta a todos, muy bien. Si no le gusta a nadie, muy bien también. Jamás debemos admitir dualidades entre democracia y dictadura”.
Muy bien por Almagro. Su compromiso fue respaldado y aplaudido por los representantes de los 23 países que el 20 de marzo pasado votaron por su reelección; en particular Carlos Trujillo, hasta ahora representante de los Estados Unidos (EE.UU.) en la OEA y casi seguro próximo Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental. “Mientras superamos las amenazas planteadas por el Covid-19, nuestro hemisferio enfrenta otros desafíos”, señaló el embajador Trujillo, y mencionó entre ellos “la restauración de la democracia en Nicaragua y Venezuela” y la “responsabilización del régimen cubano por sus actividades malignas”.
Nicaragua es un infortunado país de las Américas, donde impera una oprobiosa dictadura que ha sido acusada por los organismos internacionales de derechos humanos de cometer crímenes de lesa humanidad, la peor monstruosidad por la que se puede acusar a un gobierno o gobernante. Aquí la OEA tiene pendiente tomar decisiones de la mayor importancia, que podrían contribuir de manera decisiva a la recuperación de la libertad de los nicaragüenses y la reconstrucción de su democracia.
Próximamente, la OEA debe de realizar una nueva Asamblea General o Consejo Permanente, para evaluar la situación de Nicaragua, después de que Daniel Ortega no permitió que entrara al país la comisión de alto nivel creada en Medellín por la anterior Asamblea General, en junio del año pasado, con el sano propósito de ayudar a encontrar “una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua”.
Se dice que el gobierno de Nicaragua podría ser suspendido de la OEA, de acuerdo con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Pero eso quizás no sería presión suficiente para el dictador Ortega, inclusive podría ser que ni le importe, además de que no hay seguridad de se pueda conseguir los votos necesarios para tomar esa decisión.
Tal vez sería mejor que la OEA resolviera que no reconocerá legitimidad al gobierno que surja de las elecciones de 2021, en el caso de que no sean libres, transparentes y verificadas por una estricta observación internacional.