El tribunal había determinado en 2002 que esa normativa era “esencial para proteger el matrimonio, el sistema familiar y el orden social” en una interpretación recurrida durante los últimos años por al menos dieciocho jueces y un hombre que fue condenado por ser infiel a su pareja.
El artículo 239 del Código Penal taiwanés castiga el adulterio con penas de hasta un año de prisión, siempre y cuando la víctima hubiese presentado una denuncia al respecto.
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Asimismo, ese artículo estipula que la otra persona que hubiera participado de la aventura extramatrimonial debe recibir el mismo castigo que el adúltero.
Derechos femeninos
La despenalización era una demanda específica de los grupos pro derechos de las mujeres, que consideraban que era casi siempre la esposa y no el marido la que acababa siendo castigada bajo estas provisiones.
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Además, en opinión de estos colectivos, la normativa no era efectiva a la hora de conseguir su principal propósito, el de proteger los matrimonios y fomentar la lealtad en su seno.
Taiwán era, hasta hoy, uno de los pocos países del mundo en los que todavía se perseguían penalmente las infidelidades, aunque en el continente siguen quedando otros como Filipinas o Indonesia que continúan haciéndolo.
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En Asia Oriental, el último país en despenalizarlas fue Corea del Sur, que tomó tal decisión en 2015 tras 62 años, asegurando que se trataba de una infracción de los derechos a la privacidad y a la autonomía sexual.