El partido opositor Ciudadanos por la Libertad inició una campaña que promueve la depuración del padrón electoral o registro de ciudadanos aptos para votar, de cara a las elecciones nacionales de noviembre de 2021, en Nicaragua.
Para tener un registro de electores confiable, deben cesar los cambios de domicilio arbitrarios, la exclusión de ciudadanos del Padrón Electoral y el voto de personas no registradas en el padrón de cada Junta Receptora de Votos
¡El Partido de la Libertad!#NicaraguaCiudadana🇳🇮 pic.twitter.com/FyTP1eJBpf
— Ciudadanos por la Libertad (@CxLibertad) May 31, 2020
En un video colgado este domingo en sus redes sociales, el partido plantea que deben cambiar tres prácticas del manejo del padrón electoral, las cuales se han venido observando desde las elecciones municipales de 2008, cuando comenzaron los fraudes electorales en el país.
La primera demanda es que deben cesar los cambios de domicilio no solicitados o arbitrarios, mejor conocido como “ratón loco”. Segundo, debe cesar la exclusión de los ciudadanos del padrón, en alusión a la disposición establecida en 2012, de sacar a los ciudadanos que no hayan votado en dos elecciones anteriores, lo que implicó la creación de un padrón activo y un padrón pasivo de ciudadanos. Y no se debe permitir la votación de personas no registradas.
La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, enfatiza en el video que se debe eliminar la división entre “padrón electoral y lista de ciudadanos cedulados, reintegrando al padrón a todos los ciudadanos con cédulas”.
“Esta división establecida en el 2012, además de que solo ha servido para maquillar las cifras de participación electoral, es inconstitucional, porque en Nicaragua votar es un derecho y no una obligación, por lo que no se puede sancionar al ciudadano que no votó en las últimas dos elecciones”, dijo la presidenta de Ciudadanos.
Monterrey manifiesta que “además de depurar el padrón electoral, se debe garantizar que este sea el único registro de electores, donde cada ciudadano este registrado solo una vez y en su lugar de residencia, como corresponde en el sistema de voto domiciliar, establecido en nuestra legislación”.
Actualmente, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua está controlado por los partidarios del régimen de Daniel Ortega, por lo cual no existe confianza de que se realicen elecciones libres y justas. Las últimas elecciones nacionales, en 2016, se caracterizaron por la escasa participación ciudadana, la exclusión de los líderes opositores, la segunda reelección de Ortega y la imposición de su esposa, Rosario Murillo, como candidata a vicepresidenta, lo que los críticos consideraron la imposición de una dictadura dinástica.
Diversas organizaciones opositoras lograron unificar una propuesta de reforma electoral en 2019, que, entre otros cambios, contempla remover a los magistrados del CSE, la no reelección presidencial, la prohibición que el cónyuge del presidente sea candidato presidencial o vicepresidencial. Pero estas propuestas han sido ignoradas por Ortega. Los funcionarios orteguistas han declarado que la reforma electoral le corresponde a la Asamblea Nacional con la consulta a los partidos políticos, descartando la consulta a las organizaciones civiles.