El régimen de Daniel Ortega decretó un Reglamento Estatutario del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), para crear tres puestos de suplentes en la Junta Directiva del IPSM , que realizarán las funciones de los funcionarios sancionados, el general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua e Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito público. Sin embargo, ambos se mantienen en laDirectiva del IPSM.
El Reglamento fue publicado en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, el martes 2 de junio, a través del Decreto 12-2020. El nuevo decreto mantiene que la Junta Directiva del IPSM esta integrada por ocho miembros propietarios: el Comandante en Jefe, el Jefe del Estado Mayor General, el Inspector General, el Jefe de la Dirección de Personal y Cuadros y el Director Ejecutivo del Instituto. También está integrada por el Ministro de Defensa, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, según el artículo 55 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar (Ley 181).
“Habrá tres miembros suplentes, también ex oficio, que serán: el Jefe de la Dirección de Logística, el Jefe de la Dirección de Finanzas y el Jefe de la Secretaría General. En el caso de los Ministros de Defensa, de Hacienda y Crédito Público y Presidente Ejecutivo del Instituto de Seguridad Social, sus suplentes ex oficio serán los designados mediante acuerdo de la máxima instancia de la respectiva cartera ministerial”, establece el artículo 12, sobre la Composición, del Reglamento.
El general Avilés y el ministro de Hacienda se mantendrán en la Directiva del IPSM, pero las funciones de firmar convenios, hacer contratos y otras acciones legales y financieras las tendrán que cumplir los suplentes, según mandato del nuevo Reglamento, lo que equivale a quedar en esos cargos como “figuras decorativas”, valoró la socióloga y experta en temas de seguridad pública, Elvira Cuadra.
Solución temporal
Cuadra consideró que esas suplencias son una “solución temporal” a la incapacidad de los sancionados para ejercer un cargo administrativo, debido a que las sanciones de Estados Unidos implican una muerte financiera. “El general Avilés y el ministro Acosta están siempre nombrados en la Directiva del IPSM, pero sin funciones y sin capacidad de representación”, dijo Cuadra.
Cuadra reconoció que se esperaba una reforma a la Ley 181, para apartar de la Junta Directiva al general Avilés y al ministro de Hacienda. “Este es un atajo corto, de corta vida, porque los suplentes tienen limitaciones para algunas cosas, peo esa es la manera que encontraron para resolverlo, porque reformar el Código Militar significa que tendrían que tener a toda la Asamblea (Nacional) allí, pero ahorita tienen una crisis sanitaria, con una gran cantidad de diputados enfermos, entonces no tienen suficientes condiciones como para hacer la reforma al Código Militar, esa es la razón posible”, dijo la socióloga.
Régimen no quiere mostrar debilidad política
Otra razón de hacer el cambio de funciones de esa forma, es para no demostrar debilidad política, debido a la señal negativa que estarían dando el régimen si retiran de sus cargos a los sancionados, según Cuadra.
El pasado 22 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al jefe del Ejército de Nicaragua y al ministro de Hacienda y Crédito Público “por apoyar al corrupto régimen de Ortega”.
El Tesoro de Estados Unidos señala al general Avilés de estar “alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
Agrega que “los militares proporcionaron armas a los parapolicías que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”.