Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos acaban de proponer nuevas reglas para la adjudicación de permisos de asilo, retención de deportación y protección bajo los reglamentos de la Convención contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés).
En un despacho de prensa el departamento de Justicia anunció este miércoles, que en conjunto con el departamento de Seguridad Nacional, envió la propuesta al Registro Federal para su inmediata publicación.
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Los cambios proponen simplificar el proceso de miedo creíble, de dos procedimientos a uno solo delante de un juez que determinará la veracidad de las solicitudes, para casos de retención de deportación o protección bajo la Convención para la Tortura.
La propuesta busca que los jueces de inmigración tengan la potestad de denegar las solicitudes de asilo sin una audiencia, “si la petición no demuestra la elegibilidad prima facie [a primera vista] para la liberación.
El Departamento de Justicia busca también aclarar cuando una aplicación es “frívola”.
Esclarecer las normas para la adjudicación de solicitudes de asilo y retención, incluidas las enmiendas a las definiciones de los términos “grupo social particular”, “opinión política”, “persecución” y “reasentamiento firme”.
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Otros cambios propuestos se relacionan a continuación:
- Esbozar los factores que los jueces deben considerar al hacer determinaciones discrecionales.
- Aclarar el estándar para determinar la aprobación de un funcionario público u otra persona que actúe en calidad oficial bajo las regulaciones de la Convención para la Tortura (CAT).
- Elevar la carga de la prueba para la detección de retenciones y reclamos de protección CAT de “posibilidad significativa” a un estándar de “posibilidad razonable”;
- Aplicar restricciones al asilo y la retención al hacer determinaciones de miedo creíbles.
- Aclarar el requisito de proteger cierta información contenida en las solicitudes de asilo.
La nueva regulación, indica el despacho oficial, permitiría a los distintos departamentos “separar de manera más efectiva los reclamos infundados de los meritorios”.
La intención de la nueva propuesta persigue “que los reclamos sin fundamento no retrasen o desvíen recursos de los reclamos merecedores”.