En medios opositores y sobre todo en comentarios que se difunden en las inevitables redes sociales, se dice a menudo que en Nicaragua existe un vacío de poder que es necesario llenar para bien del pueblo nicaragüense y tranquilidad de la comunidad internacional.
Lo que motiva esa afirmación es la notoria negligencia, falta de interés, irresponsabilidad o como se le quiera llamar a la actitud que ha mantenido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ante el avance del contagio masivo y mortal de la pandemia del coronavirus o Covid-19.
En todas partes del mundo, los gobiernos y los gobernantes han asumido con responsabilidad el enfrentamiento de la pandemia para proteger la salud y la vida de sus ciudadanos, y salvaguardar la economía nacional y doméstica. Algunos gobiernos inclusive se han excedido en las medidas tomadas para cumplir esa responsabilidad, pero esto se entiende por el apremio de tomar decisiones, por la novedad del desafío de esta emergencia y por el afán de hacer las cosas de la mejor manera posible.
En Nicaragua, en cambio, Daniel Ortega no ha cumplido la tarea. En vez de dar la cara se ha ausentado en largos períodos de la presencia pública, ha menospreciado la amenaza mortal de la pandemia, no ha acatado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), inclusive ha retado temerariamente a la peste promoviendo reuniones masivas de propaganda política oficialista y entretenimientos inoportunos.
O sea que Ortega, en vez de proteger a la gente como han hecho todos los gobernantes del mundo serios y responsables, más bien la ha puesto en riesgo mortal, incluso a los empleados públicos y a sus propios partidarios que obligados o como si fueran dóciles ovejas, acuden a las convocatorias festivas y políticas de la dictadura.
Sin embargo, todo eso no significa ausencia de poder si por poder entendemos su significación básica, de que es la prerrogativa que tiene alguien de mandar, de imponer los designios de su propia voluntad, de dar órdenes y exigir su cumplimiento, de castigar a quienes no cumplen su voluntad o porque no lo hacen como él quiere.
A partir de este criterio queda claro que lo que hay en Nicaragua es exceso de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo que existe es el poder absoluto y absolutista de una pareja que controla todo. Domina el poder ejecutivo del Estado y desde allí somete a su voluntad a los poderes legislativo, judicial y electoral. Controla los gobiernos autonómicos municipales y regionales. Somete e instrumentaliza al Ejército y la Policía. Impone y mantiene un Estado de excepción policial que impide toda manifestación pública de oposición y persigue implacablemente a quienes protestan.
De manera que al mismo tiempo que existe un poder desmesurado en Nicaragua, también hay un vacío de gobierno, es decir, de voluntad y capacidad para manejar y resolver los asuntos del Estado en beneficio de los ciudadanos y en provecho del bien común, para toda la gente independientemente de filiaciones políticas y adherencias ideológicas.
Don Domingo Faustino Sarmiento, primer presidente civil de Argentina definió que gobernar es trabajar en beneficio ajeno, gestionar los asuntos del Estado en función del interés general y no de las conveniencias y los intereses particulares.
Quizás parezca idealista y romántica esta definición de lo que es el gobierno. Pero la persona que asume la responsabilidad de gobernar tiene que actuar con el mayor sentido de responsabilidad que le sea posible; y en todo caso para fiscalizarlo y corregirlo existen las instituciones y mecanismos de control y rendición de cuentas.
Solo que este no es el caso de Nicaragua, donde los que deberían controlar y exigir cuentas a los todopoderosos dictadores, están sometidos a ellos.