La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró este martes que a dos años del estallido social en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega no ha cumplido, ni ha dado pasos en ese sentido, con las recomendaciones brindadas por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
La CIDH en sus múltiples informes sobre la situación de Nicaragua recomendó al régimen cesar la represión contra los ciudadanos, garantizar y respetar las manifestaciones públicas, disolver y desarmar los grupos armados paraestatales, garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a personas en estado de peligro, entre otras; sin embargo, ninguna de estas ha cumplido.
“Ninguna de las recomendaciones contenidas en los informes referidos ni en el marco de las medidas cautelares se ha cumplido hasta la fecha por parte del Estado de Nicaragua y la Comisión observa que tampoco se han dado pasos en ese sentido”, dicta el comunicado.
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Este señalamiento de la CIDH se da un día antes que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lleve a cabo una reunión para abordar la situación que atraviesa Nicaragua, que ahora se suma el mal manejo que le ha dado la dictadura Ortega-Murillo a la pandemia del Covid-19.
Derechos humanos sigue pendiente
Pero lejos de que el régimen cumpla con la serie de recomendaciones que ha dado el organismos internacional desde el 2018, la CIDH observa la “consolidación” de una quinta etapa de represión caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas opositoras, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas.
Además, señala que en el país no hay separación de poderes lo que debilita la democracia de las instituciones, y del mismo país, y alarga la búsqueda de justicia para las personas que han sido víctimas del régimen orteguista.
Según datos recopilados por el Meseni, la represión de abril de 2018 dejó al menos 328 personas fallecidas, entre ellas 24 niñas, niños y adolescentes, cerca de 2 mil heridos, más de 770 personas fueron privadas de la libertad;, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud, más de 100 mil personas exiliadas; entre ellos más de 90 periodistas.
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Asimismo, desde abril de 2018, la CIDH ha solicitado al Gobierno de Nicaragua la adopción de 85 medidas cautelares para la protección de más de doscientas personas y sus círculos familiares, además que actualmente se analizan 152 peticiones en las que se alega la violación de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua.
“La Comisión reitera su preocupación por la situación de impunidad en la que permanecen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018, en particular, debido a la falta de independencia judicial y a la aprobación de un conjunto de leyes contrarias al derecho internacional, entre ellas, la Ley de Amnistía”, señala la CIDH.
Ejecución de campesinos
El organismos de derechos humanos también muestra preocupación por la ejecución de campesinos y ataques a comunidades indígenas en las regiones autónomas de Nicaragua, pero que hasta el momento el régimen no ha trabajado por esclarecer los hechos.
A finales de enero de este año, al menos cuatro indígenas fueron asesinados en la comunidad mayagna Alal, ubicada en la Reserva de Biósfera Bosawás. Lugareños denunciaron que los hechos se dieron por la invasión de colonos que por años han tomado las tierras de las comunidades indígenas.
“Pese a que organizaciones defensoras y las propias víctimas han denunciado circunstanciadamente la participación o aquiescencia de agentes estatales en estos ataques, hasta ahora y pese a las recomendaciones de la CIDH, no se han adelantado procesos oportunos e imparciales que investiguen y establezcan responsabilidades en estos casos”, lamentó la CIDH.
Pandemia agrava situación
La CIDH concluye el comunicado contextualizando la situación que actualmente vive el país con la pandemia del Covid-19, lo que podría agravar los derechos humanos de los nicaragüenses. Esto se ha visto reflejado en las constantes denuncias del gremio médico que expresan que el Ministerio de Salud no ha adoptado tan siquiera las medidas de protección y seguridad para el personal médico, quienes son los que están en la primera línea de defensa.
“En el contexto de la grave crisis de derechos humanos y el profundo deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua, los efectos de la pandemia por COVID-19 podrían resultar aún más gravosos para los derechos de la población nicaragüense. Por ello, reitera su compromiso para mantener el monitoreo, así como el seguimiento de las recomendaciones realizadas al Estado, y las acciones de protección, a través de las herramientas desplegadas y articuladas por el Meseni”, refiere la CIDH.
El organismo internacional hizo el llamado al régimen de permitir el ingreso nuevamente del equipo del Meseni o delegados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para llevar de cerca el monitoreo sobre la situación del país.