La socióloga y experta en seguridad pública, Elvira Cuadra, valoró que la primera reacción de uno de los mandos del Ejército de Nicaragua, sobre la sanción de Estados Unidos al comandante en jefe, general Julio César Avilés, es “tardía y bastante defensiva”. También consideró que el Ejército dejó dudas sobre por qué han retrasado la posición oficial sobre la sanción, la cual ya fue discutida en el Consejo Militar, según dijo el jefe del Estado Mayor, mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz.
Rodríguez, segundo al mando en el escalafón militar, es quien dio la cara por primera vez desde que el jefe del Ejército fue sancionado el pasado 22 de mayo. Rodríguez habló del tema durante una conferencia de prensa sobre la 54 reunión virtual del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), realizada el miércoles 24 de junio en las instalaciones del Estado Mayor. La reunión fue del Comité Ejecutivo de la CFAC integrado por los jefes de Estado Mayor de los Ejército y/o Fuerzas armadas de CA.
El mayor general Rodríguez insistió en que el Ejército “no es un grupo político sino un cuerpo regido por la Constitución Política de Nicaragua y demás leyes”. “Somos apolíticos, no nos metemos en cosas que no nos corresponden”, dijo. Sin embargo, sus declaraciones sobre la sanción fueron al mejor estilo de los discursos antiimperialistas de Daniel Ortega y de otros gobernantes de izquierda autoritaria de la región. Rodríguez dijo que la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es un “acto injerencista”.
Para Cuadra, es una declaración “defensiva porque intenta cerrar filas sobre el argumento del gobierno, pero en realidad no explica ni aclara, mucho menos da evidencias, que nieguen las razones que aduce Estados Unidos para imponer la sanción”.
La socióloga explicó que las sanciones “son actos o decisiones soberanas de los otros Estados, aplicados según sus criterios y principios” y “si el gobierno de Nicaragua no estuviera de acuerdo, hay instrumentos de la política exterior para reclamar o responder a este tipo de acciones”, pero “el gobierno Ortega no los ha utilizado en ninguno de los casos”, señaló.
El General de Brigada en retiro, Hugo Torres Jiménez, afirmó que a ningún miembro del Ejército le corresponde hacer declaraciones políticas. “Al decir que es una acción injerencista, la sanción impuesta por el gobierno norteamericano, él está opinando de política. Eso significa que deliberó en política. En cualquier otra circunstancia, en un país con Estado de derecho, probablemente eso hubiera ameritado un llamado de atención serio o la destitución del general”, dijo el general en retiro. Según Torres, el mayor general Rodríguez dejó claro con eso su respaldo al régimen de Daniel Ortega.
“¿Si ya hay una posición oficial, por qué no se da a conocer públicamente?”
En otra parte de sus declaraciones, el mayor general Rodríguez manifestó que el Ejército “tiene una posición” sobre la sanción de Estados Unidos, que “se discutió en el seno del Consejo Militar en reunión ordinaria” y dijo que “en su momento oportuno, adecuado, van a dar a conocer esa posición al pueblo nicaragüense”.
A Cuadra le llama la atención la mención que hace Rodríguez sobre la discusión interna del impacto de las sanciones. Para ella eso demuestra que “efectivamente convocaron al Consejo Militar para hablar del tema y dice que adoptaron una posición que se dará a conocer en su momento”.
“La pregunta que surge es, ¿si ya hay una posición por qué no se da a conocer públicamente? Eso muestra que todavía la están discutiendo según la interpretación de la sanción”, expresó la sociologoga o investigadora.
Quieren crear expectativa
Por su parte, el general Torres cree que ya tienen lista su posición oficial, pero quieren crear expectativa y medir las reacciones a las declaraciones del jefe del Estado mayor, “para ver de que manera modulan la declaración que él anunció”.
El Tesoro de Estados Unidos señala al jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, de estar “alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
Además agrega que “los militares proporcionaron armas a los parapolicías que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”.