El gobierno de Costa Rica anunció que exigirá a partir de ahora, y de manera temporal, la prueba de COVID-19 negativa para cualquier persona que pretenda salir hacia Nicaragua, con el fin de evitar que más nicaragüenses queden varados en la frontera común.
La decisión fue tomada por la Dirección de Migración costarricense debido a que entre 300 y 500 nicaragüenses están varados desde hace varios días en la frontera de Peñas Blancas, pues el gobierno de Nicaragua les exige la prueba negativa de coronavirus para ingresar a su propio país.
Lea además: Así dice el Ejército de Nicaragua haber combatido el Covid-19 hasta ahora
Los migrantes varados, quienes residían en Costa Rica y Panamá, y perdieron sus empleos debido a la pandemia, pasaron el trámite migratorio para salir de suelo costarricense, pero a la hora de ingresar a Nicaragua las autoridades de ese país no les permiten el paso sin la prueba de COVID-19.
Estas personas están a la intemperie y bloquearon temporalmente el paso de camiones de carga como protesta. Se estima que más de 800 furgones de distintos países estaban detenidos a ambos lados de la aduana de Peñas Blancas desde el jueves.
El miércoles, el gobierno de Daniel Ortega envió policías antimotines a Peñas Blancas para contener a los nicaragüenses que salieron de Costa Rica y al no poder ingresar a Nicaragua quedaron atrapados en la llamada “zona neutral” de la frontera.
Organismos de derechos humanos han criticado fuertemente la decisión del gobierno de Nicaragua de exigir una prueba negativa a sus ciudadanos como requisito para entrar a su propio país.
Puede interesarle: Seis meses de prisión preventiva para nicaragüense sospechoso de asesinar a doctora en Costa Rica
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) han denunciado que el gobierno de Managua está violando la Constitución Política y los derechos humanos de los nicaragüenses que buscar retornar.